Grabaciones y audios enfangan la política local. El Concello puede perder como mínimo 3,6 millones en inversiones hasta 2023
11 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Cinco de cada cien vecinos de Ponteceso están en el paro. Otros 16 están a punto de perder su trabajo porque el plan de emprego local para personas en riesgo de exclusión social y laboral finalizará el 31 de mayo. Cada trabajador perderá, si nadie lo remedia, unos 7.000 euros de ingresos netos porque sus representantes, a los que votaron en mayo del 2019, son incapaces de alcanzar un acuerdo para salvar los 758.000 euros del POS más otros 350.000 del Plan Complementario, ambos de la Diputación.
Tampoco habrá más dinero para atender a personas dependientes, ni incrementar las horas en el servicio de ayuda en el hogar. Y también se perderán fondos en subvenciones procedentes de otras Administraciones para obras y servicios, como los destinados a prevenir la pandemia.
Y qué decir de los autónomos. Algunos de ellos, minoristas y autónomos, llevan seis años de espera para cobrar por un trabajo o servicio realizado, pero no han visto un solo euro porque la corporación que los representa es incapaz de acordar el pago de sus facturas. Y eso que se celebraron hasta tres plenos para tratar de alcanzar un consenso. Eso sí, cada sesión extraordinaria le costó a los vecinos unos 2.000 euros en concepto de retribuciones por asistencia a plenos. La única solución que le queda a estos minoristas es acudir al Contencioso-Administrativo, pero esta fórmula incluye tener que recurrir a abogados y procuradores y esperar varios meses a ver si los jueces les dan la razón y cobrar lo que les corresponde.
Pero los representantes municipales están en otros menesteres. Una especie de caza de brujas y juego de espías, con audios y grabaciones en los que se habla sin pudor de exigir dinero a cambio de «estabilidad» gubernamental, con pagos a mayores por asistencia a plenos, comisiones de gobierno o juntas de gobierno local... En otros se escuchan a personas hablando de aumentar la celebración de comisiones de gobierno para la obtención de más ingresos o la justificación de supuestos pagos a través de tiquets. Una especie de Gran Hermano, con luces y taquígrafos.
Ponteceso se convirtió en el 2016 en el Ayuntamiento de Galicia donde hubo más denuncias de los trabajadores contra el alcalde. Hasta la fecha, el regidor, el socialista Lois García Carballido, logró salir airoso. Pero todavía hay varias denuncias pendientes de resolución por parte de la Fiscalía. Ahora, el problema es institucional: el de trece ediles incapaces de ponerse de acuerdo en nada.
Al PSOE, PP, APIN y los cinco tránsfugas les restan todavía 25 meses para la celebración de las elecciones municipales y tienen por delante que afrontar grandes retos, como la aprobación de los nuevos presupuestos, el visto bueno a los POS de los ejercicios 2022 y 2023 o el proyecto de cambio de iluminarias por importe de 2,5 millones de euros... Solo en obras de la Diputación, el Concello puede perder 2,4 millones de aquí a final de mandato, a los que hay que sumar los 1,1 millones que ya se esfumaron este año. Los 5.500 vecinos viven atónitos, o con desidia, como sus representantes se despellejan vivos y sacan a relucir sus miserias. Solo ocho han dado un paso adelante con Somos máis de Ponteceso que Pondal. Tratan de revertir una situación insostenible... Aunque ya hay voces que vinculan esta plataforma al BNG.
Unas imágenes y unos audios en tela de juicio
En los últimos meses, además de hablarse de destrucción de documentos, han salido a la luz audios y vídeos en los que unos piden dinero a cambio de la estabilidad y otros, supuestamente, ofrecen más comisiones de gobierno o que se justifiquen más gastos de representación con cargo al erario público. ¿Son legales? ¿Serían admitidos como prueba en un juicio? ¿Puede un concejal jubilado reclamar un sueldo? ¿Es legal reclamar 350-400 euros al mes por llevar una concejalía? Dos abogados que ejercieron en su día como políticos, ambos en Carballo, Carlos Puga, (PSOE, 1987-1991) y Juan Carlos Castro (PP, 1995-2015), así como una interventora y secretaria municipal -estas dos últimas de forma anónima- dieron su versión.
Legalidad. Las funcionarias dijeron que «al tratarse de un edificio público, estas grabaciones no son legales y no tendrían validez si no existe un conocimiento expreso de los afectados de que están siendo grabados. Hay sentencias del Constitucional y del Supremo por delitos de revelación de secretos». Y argumentaron: «Para grabar en un edificio público tiene que estar regulado qué empresa se encarga de instalar los sistemas, debe haber carteles advirtiendo de la existencia de cámaras y hay que establecer quién es el responsable de gestionar estas grabaciones. Y por lo que parece, eso no ha sucedido en Ponteceso. Ahora bien, si alguien quiere denunciar un supuesto chantaje lo mejor es trasladar los vídeos y audios a la Fiscalía». El abogado Carlos Puga considera que en condiciones jurídicas generales toda grabación tiene que «conllevar siempre un consentimiento expreso o un conocimiento por parte de la persona de que está siendo grabada y, por tanto, en principio, estas grabaciones no tendrían validez, sobre todo si hablamos de un edificio público en el que, supuestamente, aparecen el alcalde y unos concejales. Hablamos de una relación laboral desigual porque el alcalde está por encima de un edil que, en la práctica, es un subordinado». Por su parte, Juan Carlos Castro discrepó: «Si las grabaciones se realizaron en el despacho de alcaldía, estas tendrían validez ante un juez porque el despacho de un alcalde no es un lugar público por el que se pueda circular libremente. No es, por así decirlo, una zona común. Puga y Castro sí que hablaron de legalidad de las grabaciones «cuando se trata de un ámbito privado, en el que uno de los implicados es el que realiza la grabación y luego la difunde, excepto cuestiones que afecten a la esfera más íntima de la persona». Eso sí: «No vale que un tercero, no presente en la conversación, difunda estas imágenes o audios», dijo Juan Carlos Castro.
Un sueldo por dedicación para un edil jubilado. Los cuatro explicaron que no es legal, salvo que el interesado solicite la suspensión del cobro de la pensión. Sí puede recibir una retribución por asistencia a plenos u órganos delegados, «porque estas remuneraciones no conllevan altas en la Seguridad Social».
Reclamación de sueldos políticos. «Toda dedicación tiene que ir avalada por el pleno, con el visto bueno de los informes de intervención y secretaría».