Cada vez hay más fincas que sus propietarios ni siquiera sabrían localizar
05 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El director general de Ordenación e Producción Forestal, Tomás Fernández-Couto Juanas, le puso ayer en Dumbría fecha al drama ambiental, social y económico que supone el abandono del monte en Galicia, del que, por supuesto, no escapa la Costa da Morte y para el que este ingeniero de montes ferrolano, funcionario de carrera, considera que el tiempo se acaba. «Hay 15 años para esto. Esa es la realidad, no hay otra», afirmó tajante el técnico ante alcaldes, ediles y otros expertos de la zona, entre ellos la jefa del Distrito Forestal V.
Esa estimación de Fernández-Couto responde a una apreciación directa enmarcada dentro del impulso de las SOFOR (Sociedades de Fomento Forestal), un proyecto en el que se ha implicado a título personal, después de constatar el fracaso de iniciativas anteriores y que pinta un panorama verdaderamente negro al tiempo que, sí llega a funcionar, augura un futuro verdaderamente ilusionante que supondrá un cambio de paradigma en la relación de los propietarios con el monte, sobre todo los de tipo particular.
El director general, ante unos alcaldes que le siguieron con suma atención, expuso la situación durante cerca de una hora y se refirió a las decenas de reuniones que ha mantenido en distintos puntos de Galicia para impulsar estas sociedades, de las que llevan constituidas cinco, cuenta con otras tantas antes de final de año y 10 más en el 2018. «Es que en esas reuniones, los jóvenes -que no quita a lo mejor que por el medio pueda haber alguna persona de menos edad- tienen 65 años. Dentro de 15 tendrán 80» con lo que en una generación más ya no es solo que no quede quien se ocupe del monte, sino que los propietarios, en muchos casos, ni siquiera sabrán identificar donde están las parcelas que le corresponde, con lo que todo eso supone en cuanto a vulnerabilidad hacia los incendios, pérdida de un recurso que podría generar actividad económica y desconexión social de la gente con el territorio.
El propio alcalde de Dumbría, José Manuel Pequeño, que convocó la reunión y se mostró verdaderamente preocupado por el «abandono» y el «polvorín» en que el que se están convirtiendo incluso las zonas repobladas con ayudas hace solo unos años, puso un ejemplo personal. Acaba de recibir la herencia de sus padres en Cee y no sabe «onde están as leiras», con lo que difícilmente puede limpiarlas o ocuparse mínimamente de ellas.
El asunto y la extensa explicación del director general despertó el interés de los alcaldes -estaban además de Pequeño, los de Vimianzo, Corcubión y Fisterra, además de concejales de otros municipios- y el vimiancés, Manuel Antelo, ya adelantó su intención de convocar una reunión informativa con particulares y comunidades en su municipio para acercarles a lo que son las SOFOR, la nueva legislación y los aspectos más relevantes de un problema en el que está en juego una parte del futuro rural del país.
Nadie piensa ya, salvo en casos muy concretos de grandes extensiones, que el monte pueda convertirse de la noche a la mañana en un negocio jugoso a nivel particular, pero sí se abre alguna luz a través de estas sociedades para darle un mínimo de gestión al territorio, mitigar el impacto de los incendios y que si pueda haber profesionales que vivan de la explotación forestal, mientras los propietarios saben que, al menos, sus bienes están cuidados.
La Xunta apuesta por las Sociedades de Fomento Forestal como única salida para los particulares
La Xunta y Fernández-Couto particularmente han puesto en las SOFOR buena parte de sus esperanzas como «única forma real de futuro para el monte particular» en una comunidad de tres millones de hectáreas, de las que dos son forestales y, de estas, 1,2 millones son particulares, mientras que 800.000 pertenecen a comunidades de montes y menos del 2 % son de titularidad pública.
Aunque hay muchos aspectos técnicos a desgranar, la base del proyecto se centra en la agrupación de terrenos para su explotación conjunta, con un mínimo de 50 hectáreas y un máximo de tres cotos redondos, que son las unidades delimitadas sobre el territorio aunque estas puedan contener en su interior parcelas que no pertenecen a la comunidad. Los propietarios -ninguno puede tener más del 33 % del total- no son comuneros, siguen conservando la titularidad real de sus parcelas, aunque todas las actuaciones (cortas de madera, alquileres, aprovechamiento de recursos, desbroces, elaboración de cortafuegos...) se desarrollan de manera conjunta, con lo que los propietarios mantienen su porcentaje de participación en la sociedad, que tiene estructura de S. L., al margen de que, dado el caso, su finca concreta sea arrasada completamente por el fuego o se decida que en ese terreno es donde se va a establecer el parque de madera, o quede afectada por la servidumbre de un río, una carretera o cualquier otro elemento.
Fernández-Couto adelanta que el proceso supone «un salto mental importante» que para nada va a ser sencillo de desarrollar, pero se mostró comprometido con él.
«Unha cousa son os proxectos no papel e outra a realidade»
Vimianzo es el municipio que más comunidades de montes tiene, 11 que suman unas 1.000 hectáreas, y Marcos Regueiro, el presidente de la de Cures-Mouzo, uno de los vecinos más implicados por lo que le gusta el monte y por el tiempo que invierte en mantenerse al día en cuanto a normativas y tratar de sacar adelante iniciativas, que casi siempre se topan con el muro infranqueable de la Administración. En su caso cuentan con 170 hectáreas, la mayoría de pinos, aunque con alguna pequeña masa de eucalipto, roble y castaño, que ardieron por completo en el 2006, con lo de sacar dinero de las cortas ni siquiera se lo plantean. Sacaron 9.000 euros a raíz de aquellos incendios y cada año gastan unos 20.000 en desbroces, con lo que el monte, básicamente, lo emplean para colaborar con la asociación caballar y algunos particulares, subsisten gracias al dinero de los eólicos, pero de negocio nada.
Dirección contraria
O SOFOR o lo que sea, pero al monte hay que darle una solución. Uno de los grandes recursos de Galicia no puede tener como destino fundamental el fuego. Madera, ganado o áreas ambientales han de suponer un aporte positivo, no el escenario veraniego de los incendios forestales, que suponen una sangría para las arcas públicas y una agresión ambiental de grandes proporciones. Es necesario tomar una dirección contraria a la destrucción.