Dicen que el que hace la ley, hace la trampa. Quizá no es así exactamente, pero lo que sí está claro es que las normas se adaptan a los intereses o a las posibilidades, sin tener en cuenta, muchas veces, lo que es justo o incluso, razonable.
La ley de protección animal considera a las mascotas parte de la familia, seres con derechos que hay que proteger y cuyo bienestar debe ser tenido en cuenta. De hecho, la tenencia, cuidados y visitas ya se dirimen en los divorcios. Muchas parejas los han convertido en los nuevos hijos y la legislación es clara. Así es excepto en el caso de los perros de los cazadores. Por alguna razón inexplicable, el mismo perro tiene unos derechos si es un animal de compañía y ninguno si se dedica al trabajo. Tenemos aquí una discriminación sin sentido, como si el animal que disfruta del sofá y la calefacción tuviera más valor que el que anda por el monte.
Lo mismo ocurre con los autobuses. La legislación obliga a dotar los vehículos de cinturones de seguridad. Se argumenta que se trata de un método para garantizar la seguridad de los pasajeros. Sin embargo, esa protección se pasa totalmente por alto cuando se permite viajar de pie a escolares de la zona rural de Galicia que van al instituto. Esos estudiantes están, por lo visto, exentos de que un frenazo los haga salir a través del parabrisas.
Son solo dos ejemplos, con animales y personas, pero hay muchos más. Así, las leyes tienen sentido o no en función de lo que interese. No hay que molestar a los cazadores ni gastar más en buses.