Existen temas conflictivos de los que no somos capaces de escapar y que, además, tienen una influencia negativa. Uno de ellos es el de los accidentes de circulación que, de una u otra forma, aparecen relacionados con conductas delictivas vinculadas al alcohol y las drogas. Hace casi un año ya tratamos este mismo problema, pero el paso del tiempo no ha venido acompañado de una mejora en la situación. Más bien al contrario.
Es tremendamente preocupante la cifra del incremento de siniestros, con la consecuencia de fallecimientos o lesiones graves, que van relacionados, directa o indirectamente, con el consumo de estas sustancias. Y estos mismos datos ponen de manifiesto la ausencia de efecto alguno sobre una parte significativa de la ciudadanía de las campañas divulgativas y preventivas. Ineficacia, debemos añadir, que también parecen haber mostrado las sucesivas modificaciones de las sanciones administrativas y de las normas penales que han pretendido endurecer estas conductas.
Tenemos que plantearnos qué clase de respuesta debemos dar, como sociedad avanzada que pretendemos ser, a unos comportamientos tan nítidamente antisociales y, en última instancia, delictivos. Una vez constatado el fracaso de las acciones de prevención o divulgación, parece que, desgraciadamente, y aunque duela, no nos queda más recurso que el penal. La cuestión radica en qué clase de respuesta penal y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en su gravedad. Y lo digo porque, así como socialmente existe un amplio consenso de castigar con la mayor gravedad cierto tipo de delitos (y ahí tenemos en pleno debate la aplicación de la prisión permanente revisable), no me parece a mí que la sociedad esté igualmente dispuesta a dar pasos adicionales en hacer más duro el Código Penal para los delitos relacionados con la seguridad viaria. Y, sin embargo, la paradoja radica en que esos delitos especialmente execrables para los que se prevé la aplicación de la prisión permanente revisable es posible que no alcance la centena en un año, en tanto que las muertes por accidentes de tráfico vinculadas al consumo de bebidas alcohólicas o drogas multiplica aquella cifra.
La sociedad debe decidir, pues, si considera que unos muertos (los ocasionados por unos delincuentes supuestamente solo imprudentes al consumir tales sustancias) son de menor valor que aquellos otros ocasionados por aquellos otros delincuentes a los que se le supone una maldad sin límites para dejarlos toda su vida entre rejas. Y la verdad es que creo que en el punto medio debe estar la respuesta.