La conducta de los padres de la niña Nadia Nerea, afectada por la terrible enfermedad reconocida como tricotiodistrofia, además de revelar lo que hasta ahora parece una repugnante amoralidad, ha traído consigo malas noticias. Malas noticias para todas aquellas familias que llaman, generalmente a través de Internet, a las puertas del corazón de la ciudadanía. Raro es el día que uno no se encuentra una petición de ayuda de unos padres desesperados porque su hijo va a ser ejecutado en Irán o en Estados Unidos, o porque una arriesgada operación que solo se practica en Houston puede salvar la vida de un niño amenazado por una de esas enfermedades hoy llamadas «raras».
Es comprensible que apelemos a la conciencia y seamos capaces de cualquier cosa antes que dejar morir a un inocente. Tengo unos amigos que apadrinaron a una niña centroamericana a la que no conocían y enviaban dinero cada año para su educación y mantenimiento. Hace años ya, se supo que una organización criminal era quien recibía aquellas ayudas y que la tal niña no existía. Mis amigos retiraron doloridos del salón la foto que le habían enviado los delincuentes y no volvieron a confiar en esas llamadas de auxilio. Pero hay algo aún más terrible. España tiene una Constitución de la que todos hablan y hablan, que garantiza la atención de todos estos casos. Es el Estado, no los ciudadanos, quien tiene que comprobar y atender eficazmente estas incidencias. Pero los políticos ¡vaya dejación de funciones!, se lavan las manos, las mismas que posaron sobre la Carta Magna mientras juraban cumplir y hacer cumplir lo que esta ordena. Charlatanes, tahúres.