Antelo denuncia por supuesta prevaricaricación al director xeral de Administración Local

Le acusa de privar a Vimianzo de una técnica por intereses particulares


cee / la voz

El conflicto relativo a la incorporación de la secretaria municipal de Vimianzo ha entrado en una nueva dimensión con la denuncia interpuesta ayer en Santiago por el alcalde, Manuel Antelo, contra el director xeral de Administración Local, José Alberto Pazos Couñago, al que acusa de supuesta «prevaricación por omisión». Una denuncia por la que la representación legal del Concello, que ostenta el letrado Óscar Rodríguez, también propone la declaración de la subdirectora de Réxime Xurídico Local, Ana Purificación Otero; la jefa de servicio, Ángela María Viqueira; el abogado José Manuel Roibás y a los seis concejales opositores que presentaron el escrito de queja contra la funcionaria.

El motivo, según explica Antelo en la demanda, es que el pasado 28 de abril solicitó el nombramiento en comisión de servicio de la secretaria municipal del Ayuntamiento, María Cristina Varela, con el informe favorable del alcalde de Negueira de Muñiz, donde tiene ella su plaza, y la conformidad de la propia interesada. Por lo tanto, debería resolverse como un asunto de trámite y no paralizarlo por acusaciones «carentes da máis mínima credibilidade e fundamento».

Además, el alcalde asegura que el martes 29 de abril se produjo una reunión en el despacho del director general en el que estaban presentes todos los ahora llamados a declarar en calidad de denunciados y que el propio Pazos Couñago le indicó en una conversación telefónica que su actuación estaba destinada a no perjudicar a la funcionaria. «Díxome que en caso de que viñese para Vimianzo, íaselle abrir un expediente disciplinario, algo que non ocorrería se continuaba en Negueira de Muñiz», afirma Antelo, que ve esta maniobra como «unha forma de amedrentar e coaccionar» a la implicada, que además no se ajusta a la normativa porque, en caso de existir, el conflicto disciplinario «nada ten que ver coa comisión de servizo», que debería resolverse por los cauces habituales.

También critica la «argucia» de remitir el caso al Ministerio de Hacienda «cando carece de calquera tipo de competencias no asunto» y no tiene otro propósito que paralizar una resolución «que debería terse acordado de inmediato polo director xeral».

Aunque la Xunta ya anunció esta semana que se facilitará la incorporación de la secretaria con la máxima celeridad, Antelo considera que la situación ha ido demasiado lejos y que tiene «o dereito como cidadán e a obriga como alcalde» de interponer esta denuncia porque ya actuaron «con paciencia infinita pero hasta un punto».

A su juicio, lo más grave de todo son lo que él ve como motivos de fondo de todo esto, que presuntamente podrían estar relacionados con la intermediación del abogado José Manuel Roibás, del que realiza valoraciones críticas. Denuncia que fue el asesor jurídico del Concello de Vimianzo hasta las últimas municipales con un gobierno del que formaban parte «algúns dos concelleiros» que ahora están en la oposición. Además, también cumplió esas funciones en el ayuntamiento de O Pino, donde ejercía de secretaria la hoy subdirectora general de Réxime Xurídico, Ana Purificación Otero, mientras que la jefa de servicio, Ángela María Viqueira, fue abogada del despacho de Roibás.

A su juicio, no existe duda de que «os tentáculos» del letrado podrían llegar a este departamento y que, como mínimo, se usarían para «uns intereses persoais» que nada tienen que ver con el bien público y que le hacen mucho daño al Concello de Vimianzo. Concretamente, cita el caso de las licencias de obra u otros trámites de los que dependen ayudas como las subvenciones del GDR, que no se pueden tramitar por falta de un habilitado estatal en la Secretaría. Al igual que la emisión de los informes para el pleno en el que pretenden retirarle el sueldo.

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