La ordenanza quedó sobre la mesa, pero irá a pleno proximamente
24 abr 2014 . Actualizado a las 07:10 h.El gobierno local de Carballo llevará a pleno la ordenanza de evaluación de edificios que implantó el Ministerio de Fomento en el 2011 y que todavía no se aplica en ningún ayuntamiento de la Costa da Morte. La medida afecta a las construcciones residenciales colectivas con más de 50 años de antigüedad y, en teoría, tanto los dueños como los concellos, de forma subsidiaria, tienen hasta el último día del 2016 para realizar las revisiones.
El asunto quedó sobre la mesa en la comisión informativa de Urbanismo que se celebró ayer, ya que la oposición pidió más tiempo para estudiarlo, aunque será presentado a la corporación próximamente. Hasta octubre o noviembre no se empezarán a mandar las cartas a los afectados, que tendrán un plazo de dos meses para encargar la inspección a un técnico competente y realizar los arreglos que sean necesarios para cumplir con la normativa, que tiene en cuenta en estado de la estructura, la accesibilidad y la eficiencia energética. Si se observan deficiencias el propietario deberá repararlas. En el caso de que no lo haga será el Ayuntamiento el responsable, aunque pasará la minuta al dueño.
La ordenanza establece un calendario de actuaciones. Hasta el final del 2015 se verán los edificios de antes del 31 de diciembre de 1950 y en una segunda tanta, en el 2016 y 2017, los que se levantaron entre el 1 de enero de 1951 y el último día de 1960.
Una vez que la corporación apruebe la ordenanza tipo, que ya se aplica en municipios como Lugo, Vigo u Ourense, se procederá a seleccionar el programa informático que utilizará el Concello para conocer el estado de cada una de las construcciones y gestionar la implantación del informe de evaluación de edificios. Varias empresas especializadas ya han presentado sus propuestas, pero habrá un concurso público para elegir la aplicación que mejor se adapte a las características de Carballo. El paso siguiente será la revisión del catastro, para conocer el número de edificios que será necesario revisar.
La concejala de Urbanismo, Milagros Lantes, señaló que el Concello comenzará por las construcciones habitadas y que será más laxo con los edificios que ni tienen residentes ni están en condiciones de tenerlos. Reconoció la edila que la situación económica no es la más adecuada para exigir a los dueños de casas antiguas que acometan determinadas obras, pero reconoció que se trata de una norma estatal que no queda más remedio que cumplir.
Los técnicos, cuyos honorarios correrán por cuenta de los propietarios, deberán evaluar numerosos apartados, que van desde el estado de la cimentación, la estructura vertical o la cubierta, hasta la existencia de rampas de acceso o la instalación de telecomunicaciones.