El Ministerio asegura que se subastan sin las documentaciones
02 mar 2014 . Actualizado a las 07:10 h.El Ministerio de Defensa, a través de su departamento de comunicación, informa de que los bienes del Ejército, en este caso vehículos, adquiridos por el empresario vimiancés Manuel Maceiras Hermida, «no pueden ser rematriculados, al menos en España».
Defensa explica que las ventas de material obsoleto, tanto del propio Ministerio como de los cuarteles generales de las distintas unidades, se realiza por juntas de enajenaciones «mediante el procedimiento de subasta pública». A los adjudicatarios se le entregan los productos adquiridos, pero «no se le dan las documentaciones de los vehículos», con lo que no estarían en condiciones de ser utilizados por empresas civiles, dado que resulta legalmente imposible que tengan las autorizaciones para, por ejemplo, circular por la vía pública.
Aunque la institución militar no entra a valorar este caso concreto ni como los camiones pudieron llegar a Mauritania para trabajar en las obras, como denuncian algunos exempleados de Maceiras, sí aclara que «Defensa no tiene relación alguna con las personas y empresa en cuestión».
La situación de este material se enmarca dentro de una serie de irregularidades manifestadas por los trabajadores que, aunque muchos de ellos no recurrieron a los tribunales, sí mantienen un conflicto abierto con el empresario por reclaman salarios impagados de su estancia en Mauritania que, en algunos casos, superarían los 30.000 euros.
Los obreros aseguran que parte de la maquinaria, sobre todo excavadoras, trasladada al país norteafricano -que según ellos se le adeuda a los anteriores propietarios- está alquilada a terceros. Estos supuestos contratos le reportarían ingresos a la compañía que los reclamantes quieren ver aflorar, porque consideran que podrían servir para pagarles a ellos al menos parte de lo que les deben.
Las dudas de una presunta ocultación de bienes son compartidas también por el administrador concursal de Maceiras y Esmorís, quien incluso considera que se podría estar incurriendo en un delito de alzamiento. Todo porque hay supuestos ingresos citados por los extrabajadores que no figuran en la contabilidad oficial. De hecho, en los ejercicios 2012 y 2013 existen facturas por valor de 1,7 millones de euros que aún no se han cobrado, o al menos el administrador no tiene constancia de que se cobrasen.
Este conflicto se suma al que instruye el juez de Corcubión Iván Barallobre y en el que Manuel Maceiras está imputado junto a otras 25 personas por un supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas para reforestación. La investigación todavía sigue abierta, dos años después de iniciada, y esta próxima semana se producirán nuevas tomas de declaraciones en el juzgado. Entre los citados está un ingeniero de la empresa de Maceiras.