Mark Adkinson, un inglés afincado en Rábade, acaba de interponer una demanda por lo penal ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el que denuncia el secado del río Castro como consecuencia de la actividad que realiza la empresa Tres Mares en la piscifactoría de Lires (Cee).
El representante del colectivo ecologista AEMS-Ríos con vida justifica la decisión de emplear esta vida jurídica en base a una sentencia del año pasado de la sala segunda del Tribunal Supremo que invita a recurrir por lo penal en vista de «la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio».
Respecto al fondo de la cuestión, Adkinson considera, en base a informes del Ministerio de Medio Ambiente y de entidades conservacionistas internacionales, que la derivación de aguas en el río Castro, con una presa de 10 metros de altura por 70 de largo, supone, según el inventario de obstáculos de la propia Xunta, una zona de «imposible remonte» y «difícil descenso». Al mismo tiempo, destaca que la escala de peces existente que discurre «desde una pequeñísima hendidura de aproximadamente 45 centímetros de ancho y 5 centímetros de cota cincelada en el borde del embalse» como una barrera infranqueable para los peces que viven en ese ecosistema.
Por otra parte, incide en la declaración de la trucha autóctona (Salmo trutta) y del salmón atlántico (Salmo salar) como especies «vulnerables», según reflejó la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. En ambos casos, el supuesto bloqueo del río supone, a su juicio, «la extinción de toda vida acuática» y compara la agresión con la que perpetraron varias empresas eléctricas como Endesa o Unión Fenosa en el Eume durante la década de los sesenta.
El demandante apela a la Ley de Aguas, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y la Ley de Patrimonio Natural para que se obligue a la empresa Tres Mares a respetar los caudales ecológicos necesarios y a paralizar su actividad si fuese necesario.
Guardia Civil
Adkinson también cita una denuncia de la Guardia Civil del pasado mes de mayo referente a este asunto y alude a Costas, los conselleiros de Medio Rural y Medio Ambiente y al alcalde de Cee como responsables directos del control de estos supuestos atentados contra el patrimonio natural.
En relación a las consecuencias penales de estos hechos, el denunciante cita el artículo 325 del Código Penal, relativo a las agresiones contra el Medio Ambiente en el que se dice que «será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses de inhabilitación», para aquellas personas que contravengan las normativas relacionadas.