Que nuestros diputados autonómicos cobren dietas por viajes que no realizan resulta especialmente escandaloso en plena crisis y con más de 150.000 gallegos en paro.
Que los supuestos cobros indebidos salgan a la luz no por un ejercicio de transparencia sino como mero argumento para atacar al de enfrente cuando parece que en todos los partidos cuecen habas de esta clase suena a mezquindad y contribuye, una vez más, a devaluar ante la opinión pública la alta consideración que debería tener la actividad política.
Pero que el fondo de la cuestión sea que los diputados se saltan una norma de asignación de pagos y unos mecanismos de regulación y control del gasto que ellos mismos han puesto en marcha aún resulta menos explicable.
Nadie pone en duda que los diputados deben tener unos ingresos razonables, que les permitan dedicarse a su trabajo con la intensidad necesaria, sin acumular cargos para redondear ingresos. Ni que dediquen todo el tiempo posible al contacto con sus electores y hagan todos los viajes que sean necesarios para desempeñar su labor.
Lo que a los ciudadanos nos cuesta admitir es la chapuza continuada. Si un parlamentario alquila un piso en Santiago para no tener que tragarse innecesariamente cientos de kilómetros a la semana, la compensación no debe llegarle por la vía de pagarle unos desplazamientos que no realiza. Y si varios parlamentarios toman la saludable decisión de compartir coche, debe generarse un ahorro para el erario público y no un negociete miserable.
Menos dietas y más sentido común. Reformen lo que sea necesario, fijen una norma clara y creíble y, sobre todo, cúmplanla de forma estricta y transparente. El ahorro no resolverá la situación económica, pero al menos frenará el aumento de la crisis de credibilidad que sufre la actividad política.