Al margen de los límites que establezca cada plan xeral de ordenación municipal (PXOM) o normas subsidiarias de cada concello, la Ley de Costas, aprobada en 1988, establece que la servidumbre de protección recae sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. En esa franja, la normativa estatal prohíbe expresamente «las edificaciones destinadas a residencia o habitación». También establece que cualquier actividad, «aun sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo», así como la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o bienes muebles, estarán sujetas a previa autorización de la Administración del Estado. Por si todo esto no fuese suficiente, la Lei do Solo de Galicia amplió la franja de protección hasta los 200 metros, una distancia que el gobierno gallego pretende ahora aumentar hasta los 500. Algunos vecinos piensan que pueden saltarse las normas instalando caravanas en sus fincas, sin embargo, cuando un remolque de estas características permanece durante más de 48 horas estacionado en el mismo lugar tiene la consideración de vivienda y, por tanto, son también ilegales. Tampoco están permitidas las casas prefabricadas y en demasiados casos, ni siquiera los cierres colocados para delimitar parcelas están permitidos.