Todos los grupos lo consideran una opción interesante que consultarán con Urbanismo La prevista suspensión de licencias en la localidad también queda sobre la mesa
04 dic 2006 . Actualizado a las 06:00 h.La xunta de goberno local celebrada ayer en Cee y que en teoría iba a dirimir el futuro del campo de golf y la suspensión o no de licencias urbanísticas en la localidad, no tomó determinación alguna. Finalmente, esa suspensión de licencias que hoy se lleva a pleno quedará sobre la mesa hasta una nueva sesión que se celebrará a finales de mes. Sobre la mesa quedará también la decisión municipal de dar luz verde o no al convenio del campo de golf. Todos los grupos decidieron posponer la decisión hasta que el director xeral de Urbanismo, con quien tienen una cita este mes, analice los dos asuntos y ofrezca su opinión al respecto. Los grupos coinciden en considerar la oferta de convenio interesante, pero no se pronunciarán sobre ella hasta que la Xunta disipe las dudas sobre su viabilidad. Más de 5 millones de euros La propuesta del campo de golf es una de las más polémicas y discutidas de la Costa da Morte. Por sus dimensiones, se trata de la mayor actuación urbanística en la zona pretendida por promotor particular alguno. En total, la compañía pensaba incluir en el convenio con el Ayuntamiento casi 2,5 millones de euros en las parroquias de Brens y Ameixenda, una superficie en la que querían construir cerca de 3.000 viviendas. Tras la negativa inicial a esa cantidad de chalés y apartamentos, la empresa, Golf Hábitat Residencial, se avino a rebajar sus pretensiones, quedando el área a urbanizar reducida a 1,4 millones de metros cuadrados y el número de viviendas, de nuevo de modo aproximado, a las mil. Además, la compañía alicantina se ofrecía a hacer importantes desembolsos. El Concello de Cee ingresaría 5,2 millones de euros en sus arcas si aceptaba la propuesta tal y como la presentaba la empresa, además de las consiguientes cesiones de suelo obligatorio, que podrían reportarle aún más beneficios. A eso se le unía la sugerencia de la compañía de reservar suelo para una residencia de la tercera edad, una guardería infantil y hasta un albergue de peregrinos. Sólo desarrollar la zona urbanizable supondría para la compañía una inversión de 54 millones de euros. La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Urbanismo, consideró el primer proyecto desmesurado y no se mostró partidaria a crear nuevos núcleos de población en una zona en la que los que hay pueden satisfacer los posibles aumentos de población.