Las denuncias de los comités de varias empresas centran sus quejas en materia de seguridad Los responsables de la oficina coruñesa prometieron tomar una decisión antes del próximo jueves
22 jul 2004 . Actualizado a las 07:00 h.?ras la polémica mantenida en los últimos días con la patronal por la firma del nuevo convenio laboral, los comités de las empresas que operan en el complejo medioambiental de Sogama acudieron ayer por la mañana a la Inspección de Trabajo de A Coruña con la amenaza de proceder a un encierro si sus denuncias no eran atendidas. Éstas se centran en materia de seguridad laboral dado que, según los delegados y los miembros de los comités, las condiciones de trabajo no cumplen los requisitos básicos para garantizar la salud de los empleados que trabajan en el complejo de Cerceda. Los delegados que se presentaron en las oficinas de la Inspección de Trabajo pertenecen a las centrales sindicales de la CIG y de la UGT. Uno de los portavoces de esta última organización, Rafael Cambón, reclama el cumplimiento de la normativa sobre protección contra agentes bilógicos, tratada en el Real Decreto 664/97, y que, según él, las empresas no aplican en el complejo de Sogama. Los mayores riesgos de exposición a estos agentes se producen, según UGT, en el depósito temporal de Areosa. La organización también demanda un mayor control «nos accesos no resto da planta, sobre todo das empresas de servicios». La Inspección Provincial de Trabajo, tras su reunión con los delegados y miembros de los comités de empresa, anunció que ofrecerá una resolución del caso antes del próximo jueves. Según Cambón, esta respuesta es «para darnos por satisfechos, después de tanto tiempo reclamando». Tras una larga reunión, los manifestantes abandonaron las oficinas con la esperanza de saber algo a lo largo de la semana que viene. Los dos sindicatos pensaban hacer un encierro hasta que los recibiera algún miembro del organismo y escuchara sus denuncias. Los comités de empresa esperarán hasta ese jueves para empezar con más medidas de presión si no se produjera esa resolución. Llegados a este punto, serían los propios trabajadores los que acudirían a las oficinas de la calle Menéndez Pelayo, «unos doscientos», según el portavoz de UGT, para conseguir que se garanticen las condiciones laborales.