El naufragio, explosión e incendio del petrolero Urquiola a la entrada del puerto de A Coruña, el 12 de mayo de 1976, trajo una serie de consecuencias, a cual más engorrosa, como el largo pleito de las indemnizaciones. En primer lugar estaba la delimitación de responsabilidades, pues al principio se echaba toda la culpa al capitán del buque y, por tanto, a la casa armadora, pero, tras una difícil y meticulosa investigación, se determinó que el culpable y responsable era el Estado español, pues en las cartas náuticas, levantadas por el Instituto Hidrógrafico de la Marina, y que eran utilizadas para el acceso al puerto, en un lugar donde se señalaba que había una profundidad de 29 metros sólo había 11. Y justo en esa aguja rocosa fue donde tocó el petrolero. Otra maniobra que se realizó contra los perjudicados (especialmente mariscadores) para el cobro de las ayudas fue la declaración de ingresos a Hacienda que aquellos presentaban anualmente, cuando ya se sabía que siempre se declaraba, como la mayoría de los españoles, a la baja. Del dinero que adelantó Presidencia. ya se vio que de lo que se decía que se había enviado a lo que llegaba había un buen trecho.