La corporación tuvo que reunirse para desestimar un recurso basado en la omisión de un dato y el número de concejales
20 nov 2022 . Actualizado a las 11:28 h.La corporación municipal de Boiro celebró una sesión plenaria urgente para desestimar una alegación contra el acuerdo del mismo órgano del 18 de octubre en el que se aprobó un suplemento de crédito por importe de 891.818 euros, cantidad que, básicamente, se destinará a pagar servicios e inversiones menores adeudados a empresas del municipio que esperan desde hace meses que se les satisfagan cantidades que están bloqueadas por falta de crédito, lo que no significa que no haya fondos en la caja del ayuntamiento, muy al contrario. Esos casi 900.000 euros constituyen un alivio para las firmas, no la reparación de la totalidad de la deuda, y van con cargo al remanente de tesorería.
Justo el día en el que finalizaba el período de alegaciones contra el acuerdo, entró un recurso en el que el firmante se basaba en un error material en el anuncio —no constaba el mes de aprobación, al señalar textualmente «en sesión celebrada o 18 DE (expediente nº5231/2022)— y en que «os veciños temos o dereito a que a información dos plenos sexa correcta, adecuada e precisa para poder consultala», y se refería también a que, al revisar el certificado del secretario «ou ten un erro ou faltan votos», porque la corporación municipal cuenta con 17 concejales «e se suma os votos faltan dous por relacionar, a favor 8, en contra 0, abstencións 7, ausentes 0», detallaba el recurrente.
Ni había error ni faltaban votos, según informó el secretario municipal, que explicó que el resultado de la votación fue de 8 votos a favor, 7 abstenciones y ningún voto en contra y que es la propia aplicación informática del Concello la que impide introducir números cuya suma sea distinta a la totalidad de los presentes en la sesión.
Irrelevante
Al margen de las explicaciones del secretario y a la omisión del mes que, en todo caso, se deducía del propio certificado, que no se citaran en el acuerdo esos dos votos era totalmente irrelevante, porque no cambiarían el acuerdo hacia una supuesta mayoría de pronunciamientos en contra, porque correspondían a dos ediles que habían comunicado su ausencia, y el sentir de la corporación se decantó a favor de la propuesta del gobierno municipal por mayoría, mientras que los otros siete asistentes se abstuvieron.
¿Cuál fue el objeto de la alegación? Eso es lo que se preguntan muchos, porque lo único que logró fue retrasar los pagos a pequeñas empresas de Boiro que esperan, por lo menos, aliviar un poco su situación económica en tiempos de crisis.
Una alegación, en cualquier caso, ridícula que pone de manifiesto las grietas que tiene el funcionamiento de los ayuntamientos, porque el recurso obligó a convocar un pleno urgente con un único punto en el orden del día: la desestimación de un argumento irrisorio que, aparentemente, lo único que buscaba era entorpecer el trámite. Fuentes municipales señalaron que no es la primera vez que esto ocurre, y que en los últimos tiempos, este tipo de situaciones son recurrentes.
Pues precisamente con el fin de desestimar la alegación se reunieron los concejales en una sesión extraordinaria urgente que apenas superó los dos minutos de duración. Alguno de los presentes hizo comentarios jocosos sobre que había sido el pleno más corto de la historia, pero si efectivamente fue escasa su duración, no fue nada barata su celebración, puesto que supondrá para las arcas municipales unos gastos aproximados de dos mil euros por las cantidades que tienen que cobrar los ediles por asistencia.
A mayores del perjuicio monetario para el erario público, se suma el retraso en proceder al abono de los servicios e inversiones menores que se deben a las empresas, que se calcula que no percibirán los fondos al menos hasta dentro de otros 15 días, en el mejor de los casos.
La dichosa alegación no ha hecho más que disparar las conjeturas de si detrás de esta y otras hay intereses espurios que buscan bloquear al gobierno minoritario de Boiro, cuando en realidad se está perjudicando a esos vecinos en nombre de cuyos derechos dice actuar el recurrente.