Ouviña destinó millones de euros de subvenciones a fondos de inversión
A POBRA DO CARAMIÑAL
Las ayudas oficiales eran para la creación de empresas y se usaron para especular con productos financieros que, en algunos casos, dieron pérdidas
14 abr 2015 . Actualizado a las 13:16 h.El destino de los más de 20 millones que el empresario Alejandro Manuel Dávila Ouviña recibió de Gobierno central, Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz sigue siendo un misterio, pero lo que sí está confirmado, gracias a una auditoría interna realizada por CaixaBank, entidad donde el barbanzano tenía el dinero, es que el supuesto cerebro de la trama empresarial presuntamente destinó parte de las ayudas obtenidas para crear compañías en la bahía de Cádiz, y en consecuencia puestos de trabajo, a especular con fondos de inversión y deudas subordinadas de la misma entidad.
Lo más curioso es que algunas de esas operaciones de riesgo acabaron generando pérdidas, tal y como quedó constatado en la citada auditoría y en diferentes correos electrónicos a los que ha tenido acceso La Voz. Dicha documentación oficial constata que Dávila invirtió unos 5,4 millones de euros en fondos de inversión de los cuales, al menos uno de 200.000 euros, estaba a nombre de su pareja.
Una de las compañías beneficiadas de las subvenciones, Soluciones Tecnológicas Ambientales S.L., según consta en la citada auditoría, recibió 2,4 millones en su cuenta 4751.02.773.90 de CaixaBank, el 14 de julio del 2010, procedentes de la Dirección General del Tesoro. Poco tiempo después, el 25 de agosto, se adeudaron en la citada cuenta 2,4 millones para la compra de un fondo de inversión de este mismo banco.
Otra conclusión recogida en la auditoría sobre las inversiones hechas con dinero público para especular con capitales de riesgo apuntan a cuentas que estaban a nombre de la pareja de Dávila. El informe audita que esta señora tenía, en diciembre del 2010, 3,3 millones de euros en CaixaBank, y que dichos saldos se vieron incrementados, entre finales del 2008 y el 2010, en dos millones. Todo este dinero figuraba únicamente a nombre de la pareja de Dávila, aunque los movimientos se habrían hecho con el consentimiento de su marido.
Irregularidades auditadas
La investigación por este fraude de subvenciones comenzó el 30 de marzo del 2011 cuando la Junta de Andalucía, al sospechar de ciertas irregularidades, informó a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, dependiente del Banco de España, y el 5 de abril del 2011 se interpuso la primera denuncia, por parte del Gobierno regional, en la Fiscalía de Sevilla. Es decir, cuatro meses después de que Caixabank finalizase la auditoría en la que se constataron las presuntas operaciones fraudulentas de Dávila. Aún así, la entidad no bloqueó los activos ni denunció al Banco de España estos hechos. La reacción fue ordenar la cancelación de las cuentas para que su ahora excliente se desvinculara del banco y, concretamente, de la sucursal de A Pobra do Caramiñal en la que se habría gestado todo.
La responsabilidad de ejecutar esta desvinculación fue del entonces director de la sucursal de A Pobra -que fue despedido por este y, sobre todo, otros problemas de gestión que trascendieron posteriormente- y del entonces delegado general de CaixaBank en Galicia, que dio la orden, tal y como se constata en un correo electrónico.