Ya tenía escrito este artículo cuando leo en La Voz de Galicia que la Xunta, después de varias amonestaciones de la Valedora do Pobo, estudiará como eliminar la cita previa obligatoria. Lo cual me alegra por una parte y me entristece por otra porque la celeridad para implantarla no tendrá parangón para sacarla.
Se suman esas quejas a las del Defensor del Pueblo que, a nivel nacional, ha amonestado reiteradamente a la Administración central —supongo que pasará algo parecido en las demás comunidades autónomas— porque considera que no es justa, democrática y, por tanto, constitucional.
Cuando apareció la pandemia, en las Administraciones, ya de por sí con ritmos administrativos muy bajos, adoptaron en masa este sistema con la excusa de evitar contagios. Sería que en la empresa privada el virus era inocuo. El resultado, como en la mayor parte del teletrabajo, es menos productividad y, eso sí, menos estrés.
¿Ganan algo los ciudadanos con este sistema? Nada. Bien al contrario, las Administraciones han dilatado plazos porque se trabaja menos, la esperable puntualidad a la hora de ser atendidos en la mayoría de los casos no existe y el trámite para pedirla es un obstáculo insalvable para muchas personas.
En resumen, nos han endilgado una mejora para los funcionarios a cuenta de nuestro derecho básico —amparado en la Constitución— a la audiencia ante todas las Administraciones del Estado. Hecho que es más penoso y denigrante al afectar en mayor medida a personas sin recursos o de edad avanzada, que no pueden hacerlo y les resulta oneroso pagar para que se lo hagan. La parsimonia de quién debe tomar decisiones al respecto, vergonzosa.