En pleno debate sobre la ley Celaá, me pregunto si realmente nos preocupa la educación. Seguro que todos nos hemos encontrado con muy poca gente a la que no se le llene la boca sobre su vital importancia. Y los políticos que, como dijo Krushev, «prometen construir puentes, incluso donde no hay ríos», siguen la misma tendencia para no salir trasquilados en las urnas. Cuando los señalan los focos alaban la educación pública; cuando se apagan, cada uno hace de su capa un sayo.
Recuerdo a un político nacionalista que, mientras defendía con fervor la condición de Galicia como nación vilipendiada bajo el yugo del España, enviaba a una hija a estudiar a Barcelona porque las universidades «son mellores que aquí». Como en la vida, no es inteligente colocar todos los huevos en la misma cesta. Si él se equivocaba, por lo menos que no lo hiciera ella.
Una cosa es lo que decimos y otra lo que hacemos. Lo explica el economista Steven D. Levitt: «La moral representa el modo en que a las personas les gustaría que funcionase el mundo, mientras que la economía muestra como lo hace en realidad». Por eso hay políticos y ciudadanos, ojo, que defienden la pública pero sus hijos estudian en la privada. Y son de todo color e ideología.
Para que esta columna no sea una crítica más, quiero plantear una idea. ¿Si en Barbanza todos los concellos organizan galas del deporte, por qué no ensalzan también a sus mejores estudiantes? Sería un excelente refuerzo para ellos y un mensaje para todos. Hacen falta campeones del mundo, pero también médicos, enfermeros, arquitectos, biólogos... ¿O en realidad no nos preocupa tanto como decimos?