Cuentan las leyendas -que surgen como un poderoso murmullo de entre los pasillos de los concellos- que una vez entre el transcurso de varias legislaturas, los astros del firmamento político se alinean para conformar un extraño, peculiar y bello acontecimiento. Se trata del consenso, sin separación por colores ideológicos, de todos los partidos en torno a una demanda concreta. Un hecho que, como el paso de un cometa cercano a la Tierra, uno no puede alejar la vista de los titulares si no quiere perdérselo. Sin ir más lejos, sucedió con la petición de traslado de la titularidad de la AP-9 a Galicia en O Hórreo, mas otros ejemplos también se han reproducido a escalas más locales.
El caso más reciente que he podido detectar a través del telescopio periodístico se corresponde con una situación económica paradigmática, que incluso ha llevado a alcaldes del Partido Popular en la comarca a rebelarse contra ella. Les hablo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que quizás les sonará más por el sobrenombre que la calle le ha impuesto en honor a su autor, la ley Montoro. En plena ebullición de la crisis económica, existió una suerte de discurso que actuaba como un escudo indestructible o un salvoconducto para legislar con total impunidad, y que si alguien se atrevía a replicar, algún cuñado saltaría como un resorte en su defensa, en el seno de una comida familiar.
Por fortuna, el paso de los años y la mejoría de los indicadores económicos generales -cualquiera le dice a un parado o a un desahuciado que todo se ha solucionado- ha ido quebrantando esa idea en el pensamiento de la sociedad. Pero las reformas impulsadas para sanear las cuentas de miles de Concellos gallegos han tenido un precio que ahora debe ser devuelto. Desde el 2013, muchos gobiernos municipales se han apretado el cinturón hasta llegar a una situación óptima en la que la deuda llegó a convertirse en superávit. No obstante, la férrea legislación perdura negando la posibilidad de invertir a ciudades y pueblos que desean enterrar el pasado y mirar al futuro. Sobra decir que la construcción del futuro no puede iniciarse sobre los cimientos de unos presupuestos maniatados.
Una de las características que me resulta más curiosa del problema expuesto es el propio hecho de que estas líneas se escriban desde Galicia. Somos una de las comunidades autónomas que más ciegamente ha obedecido y cumplido con Madrid y aún así no se permiten excepciones. Los mismos cuñados, antes citados, podrían sugerir algo del tipo: «Teníamos que haber derrochado a la valenciana». ¿Qué hace falta para que el Gobierno entienda que el superávit ha dejado de ser rara avis? Creo que va siendo hora de abrir la jaula.