Me es harto difícil entender las razones que alumbraron el impuesto con el que los ayuntamientos gravan las ventas de un inmueble o terreno, la plusvalía municipal. Tomando como base la supuesta diferencia entre compra y venta del mismo se arrogan un hipotético papel en el aumento de valor y, por tanto, rebañan una porción del pastel. La realidad es que su propietario lo compra, mantiene o mejora y, lo más importante, abona religiosamente unos impuestos durante su posesión. Por otra parte constituye una doble tributación. Solo se explica, una vez más, por la voraz necesidad de un sistema que dilapida cuanto engulle.
La recaudación de este impuesto se ha disparado (es el segundo, después del IBI) con la crisis. Esta situación, que parece contradictoria, se debe al descenso de ventas y, por tanto, mayor tiempo de posesión de los bienes y al exagerado crecimiento de los valores catastrales; a pesar de que el precio de mercado ha bajado incluso hasta un 50 % en algunas zonas.
Era impresentable y delirante que a pesar de vender por debajo de su precio de coste, es decir, con minusvalía, se aplicase igualmente el impuesto de acuerdo a unos cálculos subjetivos del recaudador. Ahora, el Tribunal Constitucional ha venido a poner sentido común y sentencia que no se ajusta a derecho el impuesto en esos casos. Es decir, alguien nos estuvo metiendo la mano en la cartera de forma ilegal.
Pero no duden que se le dará vueltas (la sentencia del TC declara inconstitucional la norma Foral Vasca), se retrasará la devolución y se creará una nueva tasa-rapiña. Esto es España, no lo olviden.