Que los grandes partidos, y por tanto los poderes fácticos que los sustentan en base a intereses económicos claramente definidos, tienen un sentido patrimonialista de la política no es decir nada nuevo. Un hecho evidente que tan solo se le escapa a sus hinchas más radicales, pues incluso la mayoría de sus afiliados lo asumen con naturalidad y desparpajo; a veces haciendo ostentación de tan frustrante realidad. Fue ese sentido el que inspiró en su día el pacto antitransfuguismo alumbrado por PP y PSOE para encorsetar más la política nacional. De cara al público lo vistieron como un acuerdo en aras de la transparencia y honradez ante el electorado que evitase situaciones como la ocurrida en la Asamblea de Madrid, donde dos diputados del PSOE propiciaron la elección de Esperanza Aguirre (PP), sin previo rechazo ni motivación alguna.
Pero realmente esos casos eran una anécdota en la política española. Lo que estos partidos querían realmente era limitar al máximo las posibilidades de disensión en sus filas y dar una vuelta de tuerca más a la hegemonía bipartidista. Con una hábil campaña orquestada por todos los muñidores y palmeros a sueldo en este país se llegó a identificar tener personalidad propia, o diferente opinión dentro de un partido, con persona de oscuros intereses. Pero como en política los experimentos de laboratorio los carga el diablo, lo único que consiguieron fue que todos los jetas, trincones, dictadorzuelos y corruptos tuviesen patente de corso para sus fechorías ante la mordaza interna. Además se creó una sensación de impotencia en los honrados que los hacía abandonar sin plantear batalla.
Pero es que además, si realmente se tratara de lo que nos decían, tenían en su mano una medida de eficacia probada otros países realmente preocupados con la salud de sus democracias: las listas abiertas. Los representantes son elegidos por sus méritos y responden directamente ante sus electores que los castigarán o premiarán en función del cumplimiento de su mandato. Y en el peor de los casos, muerto el perro se acabó la rabia.
Me hace recordar todo esto la antidemocrática campaña emprendida por algunos en contra de miembros y cargos de UPyD que abandonan la formación, muchos de los cuales, parece ser, acabarán en Ciudadanos. Una campaña que mezcla churras con merinas y no repara en un proceso previo de contraposición a Rosa Díez, a su intransigencia, a su férreo control del partido y a su desmedido egocentrismo. Eso no es transfuguismo, es disensión y muerta estará la democracia si se confunden ambas posiciones.
Pero esta guerra sucia obedece a otros motivos. Una vez que la opción Podemos les parece cuando menos estancada, han reorientado toda la artillería hacia la otra amenaza al bipartidismo: Ciudadanos. Intentan crear un nivel de exigencia pública a estas nuevas formaciones que ni por asomo se le aplicó a los partidos tradicionales, especialmente los que se repartieron el pastel (¡vaya si lo hicieron!). Desfachatez que digerimos mientras nos enteramos que Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal del PP. Así, a lo puro macho.