La fabricación, distribución y venta de productos de marcas notorias que afectan a multitud de sectores productivos constituye una de las más importantes actividades delictivas a nivel mundial con perjuicio directo tanto para las empresas como para el consumidor. Veámoslo en datos: la Cámara de Comercio Internacional cifra la pérdida en 600 billones de dólares, lo que viene a ser un 7% del comercio mundial. Si ponemos el zum, en el año 2012 en nuestro país se incautaron 40 millones de artículos falsificados. El perjuicio económico se cifra en mil millones de euros. Más datos preocupantes: si en un análisis somero parece verse una actividad de subsistencia vinculada al perfil del inmigrante irregular de procedencia africana, cuando tiramos de la manta, y nunca mejor dicho, nos encontramos organizaciones criminales, mafias, explotación laboral y lavado de grandes cantidades de dinero. Las malas noticias no terminan aquí; la estadística demuestra que esta tipología delictiva crece exponencialmente año tras año.
¿Las consecuencias? La piratería y la falsificación ataca el prestigio de las marcas. La inseguridad jurídica cercena las deseables garantías para los emprendedores de que sus proyectos no serán fusilados en solo unos meses. Más aún: desincentiva y desprotege la creatividad y la innovación. Se vacían de contenido términos como propiedad industrial o intelectual. Pero, ¿qué hacemos para combatir esta lacra? Lamentablemente, en tendencia legislativa, nuestro país se encuentra en el furgón de cola. No en vano, el Departamento de Comercio de EE.?UU. nos considera uno de los países más preocupantes de Europa.
Tenemos un código penal laxo y tolerante con el fraude, una venta de menos de 400 euros (equivale a 200 deuvedés) es considerada falta y no delito. Por si fuera poco, nos encontramos con que la vigilancia de la ley, que autoriza desde jueces a policías locales a actuar de oficio, adolece de falta de motivación. ¿Cómo explicar entonces la presencia de vendedores de forma tan habitual como aceptada sin que se actúe de manera contundente? Con el agravante de la depresión económica como telón de fondo, pero sin él también, muchos nos preguntamos dónde quedan los derechos del comercio minorista. Ni que decir tiene que los agentes sociales, colectivos, asociaciones y el propio sistema educativo han de implicarse de manera activa desnudando los riesgos y perjuicios que para cada uno de nosotros tiene el fraude. La colza o el metílico son dramáticos ejemplos que nos recuerdan las consecuencias de no hacerlo.