El ciudadano que ve agotadas todas las vías de reclamación administrativas, antes de emprender el camino de los tribunales, fija su mirada en el Valedor do Pobo y se dirige a la institución como quien, a punto de hundirse el barco, busca el último bote salvavidas. Los asuntos más diversos, desde las disputas vecinales por un camino hasta el abuso de poder por parte de una institución, llegan a la oficina de una figura pública cuya función debería replantearse en aras de ganar una mayor eficacia; de conseguir que realmente sea ese flotador que buscan los ciudadanos cuando, perdida toda esperanza, dirigen hacia él sus miradas.
Los ciudadanos se dirigen al Valedor en busca de soluciones, no de consejos y, en demasiadas ocasiones, se encuentran con que sus peticiones de ayuda tienen una atención rápida por parte del Valedor do Pobo, pero no una respuesta ni una solución. El problema radica en que esta figura no tiene carácter resolutivo y, por mucho empeño que ponga el Valedor en resolver los asuntos, tiene que lidiar siempre con las Administraciones, sean locales, provinciales o autonómicas. Si el ayuntamiento de turno hace caso omiso de las recomendaciones del Valedor, este nada puede hacer, salvo amonestar y llamar la atención al propio concello por su falta de diligencia.
Esto explica, por ejemplo, que cuestiones como las molestias causadas por los ruidos nocturnos figuren en el vértice de las quejas al Valedor. De qué sirve que en el informe de cada año se haga mención a las zonas contaminadas acústicamente si ninguna Administración, conocedora del problema, toma cartas en el asunto. La actuación del Valedor es siempre irreprochable para con los ciudadanos que se dirigen a él, pero su capacidad de maniobra está muy mermada como para que pueda resultar realmente efectiva. En estas conciones, ¿tiene realmente sentido?.