Que la Justicia haya removido entre las tripas del plan urbanístico que lleva en vigor en Boiro desde el año 2003, además de reflejar que, en principio, el PP de Jesús Alonso no aprobó el documento con todos los papeles en regla, también da muestra de la convulsión política y social que en su momento supuso darle luz verde a estas normas y del largo culebrón político que estas tienen a sus espaldas. Aprobación En el 2003, solamente una semana antes de las elecciones, el PP dio luz verde al plan urbanístico que dejaba atrás las normas de 1991, y que suponía grandes cambios como el aumento de la edificabilidad en Barraña, Cabo de Cruz, Escarabote o Vimieiro. La oposición, que rechazaba de plano el documento, advertía de que este estaba preñado de ilegalidades y que no contaba con algunos informes necesarios. Ahora, la Justicia, aunque no de forma firme, entiende que aquella oposición no iba desencaminada y que el plan se aprobó sin algunos papeles claves. Cambio de posturas Pero, volviendo a los días siguientes a la aprobación del plan urbanístico, hay que decir que BNG, PSOE e ICB decidieron acudir a los tribunales en un primer momento para intentar dar al traste con las normas. Sin embargo, pocos días después de tomar esa determinación nacionalistas y socialistas se hacen con el poder en Boiro y deciden abandonar esa lucha judicial. Dicen que aparcaron la batalla contra el plan xeral por dos cuestiones: resultaba un mal menor en comparación con las normas de 1991 por las que se regía el municipio y la asociación de empresarios, entre otros colectivos, pedía encarecidamente que se diese luz verde al plan urbanístico. Velo sigue firme De esta forma, y aunque eran los tiempos dulces de un tripartito con Deira, Ares y Velo como protagonistas, los dos primeros se retiraron del recurso contencioso-administrativo contra el plan xeral, pero el portavoz de ICB y ex alcalde no lo hizo. Algunas fuentes apuntaban ayer a que su eterna lucha contra Jesús Alonso fue más fuerte que ninguna otra circunstancia. Él dice que lo hizo porque no traga con «ilegalidade algunha». Advertencias Al margen de esta circunstancia, tal y como reza la sentencia, con el tripartito de progreso mandando en Boiro fueron varias las ocasiones en las que la Xunta advirtió de que el plan urbanístico carecía del informe de Patrimonio. Velo dice que él le insistió para que se hiciese algo, pero que no le hicieron caso. León asegura que no se creyó necesario actuar porque se trataba de un proyecto de un gobierno anterior. Revisión De todas formas, y según PSOE y BNG, porque nunca consideraron que el plan que había parido el PP era un documento positivo para Boiro, se encargó la revisión de las normas urbanísticas. La cuestión está en saber por qué se esperó hasta el 2007 para hacerlo si nacionalistas y socialistas llevan en el poder desde el 2003 y nunca les gustó la normativa. León indicó ayer que no era de recibo ponerse a modificar el plan al poco tiempo de haber entrado en vigor, y porque antes de hacerlo había que comprobar qué deficiencias tenía. Ares añadió que fue necesario esperar a conseguir subvenciones para sacar a concurso la redacción del plan. Sentencia Se tenga más o menos fe en la versión de los actuales gobernantes, lo cierto es que la sentencia que responde al recurso concencioso-administrativo que abanderó Manuel Velo llega cuando aún acaba de adjudicarse la revisión del plan y faltan unos tres años para que Consultora Galega entregue unas nuevas normas que luego tendrían que pasar por una compleja tramitación para poder entrar en vigor. Futuro inmediato Así las cosas, y dado que la sentencia no es firme, el Concello prevé seguir dando licencias, tal y como se venía haciendo, hasta que se sepa si la Justicia acepta el recurso de casación interpuesto contra este fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ese es el futuro inmediato. Solo una pitonisa podría aventurar qué sucederá a largo plazo si al juez no le valen los argumentos que esgrima el Ayuntamiento de Boiro.