El interventor municipal emitió un informe en 1996 en el que advierte que, a falta de reexaminar datos sobre el recargo provincial del IAE y las liquidaciones presentadas por el recaudador, que dice pudieron no calcularse bien, hay razones para comunicar las posibles irregularidades al Tribunal de Cuentas. José María Baños precisó que no pudo determinar que en la cuenta restringida de la recaudación se ingresasen las cantidades «que o propio recadador declara en liquidacións presentadas con data do 30 de setembro de 1995, cuns principais respectivos de 2.304.757 e 480.027 pesetas. En cambio resta por aclarar que responde un ingreso efectuado o 17 de novembro de 1995 por importe de 1.016.127 pesetas». Acumulación de fondos El interventor incluyó en su informe que a veces se hacían ingresos importantes de una sola vez, como los de 21.197.198 pesetas del 1 de diciembre de 1993 y de 92.127.540 trece días después, «que supoñen unha acumulación de fondos en poder do recadador con posible administración irregular dos recursos públicos», y que el alcalde boirense conocía. También destacó que en el recuento material de valores efectuado por la oficina de recaudación, la cantidad real en poder de este departamento desde 1990 era de 90.657.199 pesetas, mientras que los valores que debía haber eran de 111.712.759, por lo que pedía que se aclarase esa diferencia. Baños apuntaba que el recaudador tenía que explicar las condiciones en las que se liquidaron las altas del IBI y por qué no aparece ningún ingreso en el Concello por ese motivo, mientras sí cobraba por un trabajo administrativo relacionado con ese asunto. Respecto al impuesto de vehículos, el informe dice que sólo se liquidaron las placas números 695 al 1.574, algunas por importe superior a la tarifa de 700 pesetas, y que no se sabe lo que ocurrió con las restantes hasta la 2.100.