A principios de mayo de 2002 saltaba a los medios de comunicación la noticia de que Sogama había decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Concello de Noia en un intento por cobrar las cantidades que dicha Administración le adeudaba en concepto de utilización de la ecoplanta de Boiro desde hacía unos dos años. En octubre del 2000, la corporación municipal noiesa había adoptado el acuerdo de que el Ayuntamiento se adhiriera a Sogama. Sin embargo, García Guerrero no llegó nunca a firmar un contrato formal con la Sociedade Galega do Medio Ambiente. A pesar de ello, la empresa siguió haciéndose cargo, igualmente, del tratamiento de los residuos sólidos orgánicos de Noia, amparándose en el acuerdo plenario. Fue con la llegada al poder del conservador Antonio Pérez Insua cuando se suscribió un contrato propiamente dicho con la citada entidad.