La corporación decidió pedir a la Xunta, con los votos en contra del PP, que promueva la modificación de la Lei de Coordinación do Transporte Terrestre por entender que limita la prestación directa por parte del municipio del servicio de transporte público en las zonas rurales. La iniciativa se aprobó al votar la propuesta alternativa que el gobierno presentó para tratar de llegar a un acuerdo con el PP para la conclusión del pleno con una postura común, lo que no fue posible. La corporación apoyó también pedir a la Xunta que el plan de transporte comarcal que están concretando dé lugar en el futuro a una verdadera red integral de transporte comarcal con un mayor compromiso financiero de la Xunta, así como la constitución de un consorcio comarcal de transportes, figura por la que no opta inicialmente la Administración gallega. El PP rechazó igualmente este punto tras un pequeño debate con Leiceaga sobre el alcance de la inversión que hará la Xunta, pero en la que no dieron cifras. No obstante, reiteró su pleno respaldo al plan concertado entre ambas instituciones.