El portavoz del CDI, Javier Tajes, fue expulsado del pleno en el turno de ruegos y preguntas. La discusión comenzó cuando el independiente solicitó un acceso para minusválidos en la casa consistorial y el alcalde respondió que ya estaba por la parte de atrás. Antes de este incidente, el pleno había decidido delegar en la Diputación la gestión de las compensaciones económicas derivadas de la reforma del impuesto de actividades económicas. Los ediles muradanos también decidieron adherirse a un convenio con la Agencia Tributaria para facilitar información económica a los vecinos. El concejal del BNG Xoán Bazarra leyó un escrito de apoyo al sector pesquero en su demanda por evitar las restricciones. La corporación apoyó esta iniciativa, aunque el edil del PP, López Díaz, señaló que la propuesta inicial ya fue modificada.