El fiscal y siete vecinos de Basquiños creen que Juan Sanmartín y Antonio Piñón ocultaron el hecho de haber construido en una superficie mayor que la autorizada
14 nov 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Dos metros y medio, la altura de una canasta de baloncesto, es una distancia suficiente para que uno se vaya a la cárcel los próximos seis años. El enunciado puede parecer absurdo, pero son exactamente dos metros y cincuenta centímetros los culpables de que dos promotores compostelanos se sienten en el banquillo de los acusados. En la sala compostelana de la Audiencia Provincial se celebró ayer un juicio por el que llevan varios años esperando siete vecinos de los edificios 6, 8 y 10 de la Travesa de Basquiños, que acusan de un delito de estafa continuada a los responsables de la empresa a la que compraron sus viviendas, Sanmartín y Piñón S.L. Realidad «oculta» Vamos por partes. El fiscal mantiene que los acusados, Juan Sanmartín Rodríguez y Antonio Piñón Fernández, promotores del edificio en cuestión, «ocultaron la realidad» y vendieron plazas de garaje y trasteros «sin estar amparados por la licencia municipal de obra» y ocultando, precisamente, este hecho. Añade este ministerio que el sótano del edificio tiene un fondo de catorce metros y medio, cuando el permiso del Ayuntamiento contemplaba un fondo de doce metros. Conclusión, según el fiscal: los trasteros y los garajes construidos en estos dos metros y medio a mayores son ilegales. Para «enmascarar» esta irregularidad, continúa la acusación, Piñón y Sanmartín «dieron información que no se ajustaba al proyecto». Por este motivo se les acusa de un delito continuado de estafa y se piden cuatro años de cárcel para cada uno, además de una multa y la correspondiente indemnización a los afectados, compradores que no disponen de licencia de primera ocupación del edificio y que, por lo tanto, no pueden vender. La acusación particular, que ejerce el abogado Ulises Bértolo, va más lejos, pidiendo seis años de cárcel para cada uno de los acusados, multa y la correspondiente indemnización. «Los metros a mayores están sujetos a demolición y carecen, por lo tanto, de valor para la venta», explicó el letrado. La defensa, ejercida por Javier Álvarez-Santullano, considera que el edificio se ajusta a la norma, que no se ha producido engaño alguno a los compradores y que, por lo tanto, no procede pedir pena alguna. Obviamente, reclama la libre absolución de Sanmartín y Piñón. Durante la sesión de ayer declararon como testigos los compradores, y ahora le toca decidir sobre el asunto al magistrado Vicente Zabala.