DEFENSA DE LOS DERECHOS
15 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Fuentes de la empresa José Antonio López, de la que depende el centro de distribución de explosivos situado en las inmediaciones del complejo de Servia, subrayaron ayer a este medio que, ante todo, quieren resolver el entuerto por las buenas. Uno de los responsables de la firma manifestó no tener interés en paralizar las obras: «No estamos en contra de la mancomunidad ni de la obra que se está construyendo ni de ningún alcalde». Lo único que persigue la compañía, a juicio de sus gerentes, es defender los derechos que tienen y, sobre todo, velar por el cumplimiento de las exigencias que establece el Reglamento de Explosivos, especialmente en materia de distancias de seguridad, para evitar en todo momento que se pueda producir cualquier incidente que ponga en peligro vidas humanas. Y es que lo que ahora se discute es si las naves que se están construyendo y que en breve pasarán a integrar las instalaciones de Serra do Barbanza, en las que en el futuro trabajarán a diario varios operarios, mantienen con respecto al polvorín de Rois una separación que garantice la seguridad de esas personas en el supuesto de que se produzca algún suceso desafortunado en las dependencias que almacenan los explosivos. Esta empresa está custodiada las veinticuatro horas del día por agentes de seguridad y posee, según sus gestores, todos los papeles en regla.