Un error de su instituto compromete el ingreso universitario de una vilanovesa

Con 17 años, una joven de Vilanova ve cómo su futuro pende de un hilo tras una sucesión de errores administrativos. De cara a la PAU, la adolescente, quien cursó sus estudios en el IES A Basella, había expresado su voluntad de inscribirse en Historia de España, pero el personal del instituto registró su solicitud para Historia de la Filosofía. Desconociendo la equivocación, la estudiante dedicó todos sus esfuerzos a aprobar el crítico examen, pero ese día le aguardaba un fatídico desenlace que no podía imaginar. Tras concluir la prueba, el personal de la comisión delegada recibió y recogió su evaluación, pero le informó de que no estaba matriculada en esa asignatura.

Con la desesperación que puede caracterizar un momento como ese, Cristina López, la madre de la damnificada, tomó cartas en el asunto que hace tambalear el proceso universitario de su hija. Comenzando con el origen, desde el IES A Basella se realizó un informe del caso donde detallan los acontecimientos y entonan el mea culpa. También describen que se les proveyó el manuscrito donde la alumna efectivamente había seleccionado Historia de España. Y finalmente resuelven solicitar «encarecidamente que se teña en conta o erro administrativo cometido e se poida corrixir a matrícula da alumna». Cristina elevó su reclamación ante la Valedora do Pobo y el Lugar de Entrega y Recogida de Documentación (LERD) de Pontevedra. Este último, el pasado 8 de julio, emitió un dictamen favorable frente a la solicitud, confirmando el error. A modo de justificación recurrió al artículo 109.2 de la ley 39/2015 donde se establece que «las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos».

La gravedad de la situación es tal porque, como alega la madre, «ahora mi hija va a perder un año de curso por una equivocación y no tiene plaza porque tampoco le da la nota». Lo cierto es que a la estudiante no se le considera la nota obtenida en la asignatura y, por ende, su promedio descendió, lo que le impide ingresar a la carrera prevista. A mayores, también consignaron una dirección inválida, lo que le impidió verificar su inscripción a través del NERTA y acceder al sistema.

Dado a que la incidencia responde al período extraordinario, los tiempos apremian más de lo que desearían. Las universidades concluyen no tener injerencia en el caso, dado que se trata de un inconveniente previo a la inscripción y, en tal caso, es competencia de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG). La Consellería de Educación alude a lo mismo —«nosotros no gestionamos las pruebas de acceso»— y delega la responsabilidad en el órgano competente, de nuevo la CiUG. Y desde tal ente no responden a la demanda.

Cristina arremete contra la CiUG, que no les brinda respuesta, y plantea llevar el caso hasta las últimas consecuencias. «Lo que le pasó a mi hija es muy grave», sentencia. Habiendo agotando todos los canales pertinentes, ya cuentan con un abogado que las acompañará en el proceso de judicialización del caso. A la brevedad presentará la denuncia, buscando que se haga justicia y se rectifique la equivocación.

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