Dice la Xunta que Galicia es una potencia acuícola. Que bateeiros, parquistas, y en parte también los mariscadores, son cultivadores del mar. Y que es obligación de la Administración autonómica desarrollar el marco legal necesario para que esas actividades, cargadas de futuro, puedan crecer. Convencida de todo ello, la Consellería do Mar decidió ponerse a la vanguardia de Europa y redactar la primera Lei de Acuicultura. Pero algo hizo mal en ese proceso. Porque la normativa que debería hacer que el sector gallego se sintiese respaldado y protegido, ha sido interpretada por bateeiros y cofradías como una amenaza directa a su modo de vida. Dejemos a un lado la letra de la ley. El pecado original de este texto es cómo se gestó, lejos del sector. «Non se contou con nós para nada», protestaban el viernes 700 bateeiros en Vilagarcía. «Non se contou con nós para nada», repetían ayer las cofradías de Arousa. Cuando se pretende aprobar una ley del calado que, en teoría, tiene esta, es preciso hablar, explicarse, escuchar, enmendar errores, volver a hablar, volver a explicarse, volver a escuchar. Por desgracia, en la comunicación entre Xunta y sector hay demasiado ruido.