Una cuestión técnica deja en la cuneta la vía judicial emprendida por el ayuntamiento meco
23 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El 12 de marzo, pocos días antes de que el mundo se detuviese por culpa de la pandemia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santiago de Compostela emitía un auto por el que desestimaba un recurso presentado por el Concello de O Grove al respecto de la recepción de la depuradora de aguas construida por la Xunta en esa localidad. El recurso municipal, en concreto, se dirigía contra «una resolución de la directora de Augas de Galicia por la que se desestima la solicitud de suspensión del acto de entrega y puesta a disposición del Concello de O Grove de las instalaciones de la EDAR».
Ante la vía judicial emprendida por el Concello, la Xunta replicó por una parte, que «la resolución o actuación recurrida no constituye una actuación susceptible de impugnación sino una mera respuesta a una petición de suspensión del Concello de O Grove». Argumentó, también, que el acto de entrega y puesta a disposición de la depuradora al ayuntamiento, que asumiría la explotación y el mantenimiento de las obras, constituye «una mera actuación material que daría lugar al acto de conclusión y finalización del proceso de construcción y finalización de las obras, no teniendo el acto de entrega un carácter autónomo, sino que es un acto formal precedido del acto de comprobación de la instalación», por lo que carece de entidad jurídica para ser recurrido. Y parece que ambas tesis han convencido al juzgado, que ha rechazado el recurso municipal sin entrar en el fondo de la cuestión planteada por el ayuntamiento.
La Consellería de Medio Ambiente se felicitaba ayer por la decisión adoptada por el juzgado en cuestión. «O auto xudicial dálle a razón á Xunta ao declarar a inadmisión do recurso interposto polo Concello do Grove no que pedía a suspensión do acto de entrega da depuradora ao Concello», argumentan desde el departamento autonómico. Desde el mismo recalcan que la Xunta de Galicia realizó una inversión de siete millones de euros en la construcción de la estación depuradora de aguas residuales, de cuya gestión se encargó durante las cinco primeras anualidades.
Llegado el momento de recepcionar la instalación, el Concello de O Grove se negó a hacerlo. Argumentaba el alcalde, apoyándos en la opinión de los técnicos municipales, que durante años no se habían realizado en las instalaciones los trabajos mínimos de mantenimiento, por lo que la depuradora se encontraba, pese a tener una corta vida en funcionamiento, evidentes síntomas de deterioro. El gobierno local insistía en que, en esas condiciones, no estaba dispuesto a asumir la titularidad de esa estructura, lo que obligó a la Xunta a prorrogar su tutela sobre esas instalaciones. El asunto, evidentemente, fue judicializado. De momento, el Concello parece haber perdido la batalla.