La Diputación reactiva la cesión a la Xunta de la sinuosa carretera entre Catoira y Caldas

Serxio González Souto
serxio gonzález CATOIRA / LA VOZ

CATOIRA

Los presidentes de las diputaciones de Pontevedra y A Coruña, junto a los alcaldes de Catoira y Rianxo, escenificaron en el 2016 su intención de ceder a la Xunta el puente sobre el río Ulla y la carretera EP-8001
Los presidentes de las diputaciones de Pontevedra y A Coruña, junto a los alcaldes de Catoira y Rianxo, escenificaron en el 2016 su intención de ceder a la Xunta el puente sobre el río Ulla y la carretera EP-8001 CARMELA QUEIJEIRO

El futuro de la EP-8001, escenario de las dos últimas muertes en carretera de la comarca, generó un protocolo en el 2010 y un acuerdo interprovincial en el 2016

29 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

La EP-8001 no es una carretera cualquiera. Hace apenas unos días, perdía la vida en ella María del Carmen Coira Lorenzo, una vecina de Catoira de 77 años que acudía al médico a Montecelo. En agosto, fue el agente de la Guardia Civil Jesús Castro quien falleció al salirse de la vía mientras acudía con su motocicleta a atender un accidente en la AP-9. Pasan los años y el vial que une Caldas de Reis con Catoira, y funciona como enlace principal de la comarca de O Barbanza con la autopista en sentido a Vigo, sigue sumando accidente tras accidente. Ahora, la Diputación de Pontevedra parece decidida a tomar cartas en el asunto, tras más de una década de gestiones improductivas. La institución provincial que preside Carmela Silva acaba de remitir al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y a la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, una carta en la que solicita la reactivación del proceso de transferencia del vial a la Administración autonómica, como primer paso para su conversión en una vía de alta capacidad.

La operación, que incluye el puente de Catoira, una pieza fundamental para la comunicación por carretera de ambas orillas de la ría de Arousa, no es nueva. Hace once años, un acuerdo entre la antigua Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y la Diputación de Pontevedra, entonces comandadas por los populares Agustín Hernández y Rafael Louzán, sentaba las bases de una comisión de seguimiento para llevar a cabo la cesión de la EP-8001. «O acordo, que ten rango legal de protocolo, segue vixente, pois a súa cláusula final e sétima establece que a súa duración virá determinada polo prazo sen que se cumpran as actuacións sinaladas a través dos correspondentes convenios» para la transferencia del viales, argumenta el actual gobierno provincial, conformado por el PSOE y el BNG.

Intercambio de titularidades

Aquel protocolo del 2010, que ahora invoca la Diputación pontevedresa, no se limitaba a la carretera que une las localidades de Carracedo, en Caldas de Reis, y Catoira. Por contra, se extiende a 156 kilómetros, correspondientes a catorce viales de titularidad provincial, que serían transferidos a la Xunta, y de un millar de kilómetros de vías autonómicas en Pontevedra, que la Administración provincial se comprometía a asumir por considerarlos básicos para la articulación de las comunicaciones locales.

Seis años más tarde, en el 2016, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y su homólogo en A Coruña, Valentín González Formoso, escenificaban junto a los alcaldes de Catoira, Alberto García, y Rianxo, Adolfo Muíños, una petición a la Xunta a fin de racionalizar el rango de un vial que, obviamente, cumple una función muy superior a la de la mera conexión entre pequeñas localidades.

Una vía de alta capacidad

Este es el espíritu que anima la iniciativa emprendida por Silva y su equipo. Su misiva a Ethel Vázquez argumenta que la EP-8001 soporta una elevada intensidad de tráfico diario, superior a los ocho mil vehículos, y una densa circulación pesada e industrial. Por ello, la Diputación de Pontevedra sugiere a la conselleira «a posibilidade de que, unha vez encadrada na rede autonómica de estradas, a Xunta valore a súa transformación nunha vía de alta capacidade que enlace a Autovía do Barbanza coa Autoestrada do Atlántico». Una línea en la que, a lo largo del tiempo, también han insistido las asociaciones de empresarios de ambas orillas del mar de Arousa.

Los compromisos del 2010

La misiva del equipo de la socialista Silva no se limita a recordar el papel de la Administración autonómica en este proceso. De forma paralela, se compromete expresamente a cumplir su parte de los compromisos adquiridos hace once años. Básicamente, se trata de asumir la titularidad de diez carreteras autonómicas que, por su carácter secundario, argumentan fuentes provinciales, «encaixarían mellor na rede provincial de estradas, que suma 1.700 quilómetros», superior a la de los viales estatales y autonómicos que cruzan Pontevedra.