El narco de Cambados cumple condena por blanqueo; el resto de procesados, que no tengan penas pendientes, regresan a la calle ante el próximo vencimiento del plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva establecido en la ley
20 feb 2023 . Actualizado a las 18:35 h.La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado la libertad provisional de Jose Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, por la denominada operación Mito, la causa en la que fue procesado por dos operaciones de narcotráfico del 2017 con las que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado para blanquear el dinero obtenido con la droga. No obstante, Sito Miñanco seguirá en la cárcel cumpliendo condena por una sentencia firme por blanqueo de capitales que implica el embargo definitivo de la inmobiliaria familiar y penas de prisión para su exmujer y su hija mayor.
A petición de la Fiscalía Antidroga, la magistrada ha acordado la libertad de Bugallo y de Luis Enrique García Arango, Francisco Valle Parraga, Juan Antonio Fernández Fernández, Manuel Gonzalez Rubio y Raymond Van Rij ante el próximo vencimiento del plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva establecido en la ley, que se cumple el 31 de enero. Es decir, todos los acusados en la operación Mito regresan a la calle a la espera del juicio menos Miñanco, que sigue entre rejas por la citada condena por blanqueo.
Prado Bugallo fue condenado por sentencia firme de febrero del 2006 a 16 años y 10 meses de cárcel por tráfico de drogas y organización criminal y a 3 años y 9 meses por blanqueo de capitales que le impuso el Tribunal Supremo en abril del 2021. En la primera de las sentencias, además de Prado Bugallo fueron condenados otros dos investigados en esta causa para los que también se acuerda la libertad, García Arango y Fernández Fernández.
La juez, para aquellos investigados que no tengan que cumplir penas de prisión por otras causas, les impone la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, la retirada del pasaporte, así como la obligación de comunicar al juzgado cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la tramitación de esta causa.
Este procedimiento se encontraba ya concluido y elevado a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento, pero fue devuelto al juzgado de instrucción tras la extradición a España del último de los investigados, José Luis Correa, que no estaba a disposición de la Justicia española, con el fin de que fuera incluido en la causa.