Una vecina del municipio pontevedrés de Vilaboa ha sido denunciada por la patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Cangas por, supuestamente, infringir la ley que vela por la protección y el bienestar animal. En concreto, los agentes denunciaron el estado en el que se encontraban los catorce perros propiedad de la mujer, diez de los cuales, según pudieron comprobar los guardias, estaban encadenados de forma permanente las veinticuatro horas del día.
Desde la Comandancia de Pontevedra reseñaron que, además y con la excepción de dos canes, los restantes «carecían de la preceptiva documentación y del correspondiente microchip». Asimismo, no consta que figurasen inscritos, como es preceptivo, en el Registro Gallego de Núcleos Zoológicos, un trámite exigido por la normativa vigente cuando se superan los cinco perros.
Ante este cúmulo de circunstancias, los agentes consideraron que se trataba de infracciones a la actual legislación, toda vez que mantener a las mascotas atadas de «forma permanente limitándoles los movimientos que le son necesarios durante la mayor parte del día» es una forma de maltrato animal. De igual modo, se formularon otras denuncias por distintas infracciones administrativas relacionadas, insistieron desde la Guardia Civil, principalmente con los registros documentales y el no uso de microchips.
Tales denuncias fueron remitidas a la Delegación Provincial de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia. De confirmarse las mismas, la vecina de Vilaboa tendrá que hacer frente a importantes sanciones económicas.
Las fuentes consultadas, en todo caso, precisaron que la decisión que adopte la Administración autonómica al respecto de estos hechos no tiene porqué ser firme, ya que la propietaria de los catorce perros tendría opción de recurrir la misma ante la jurisdicción contencioso-administrativa. De igual modo, destacaron que la ley infringida entró en vigor hace apenas unos meses. Fue el 12 de enero del año pasado cuando la nueva normativa sustituyó a la que estaba vigente desde 1993 y que ya había sido modificada en el 2014.