El temor a las nuevas multas dispara la colocación de microchips a perros

La recientemente aprobada Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía en Galicia, que entró en vigor el día 11 de enero, cambia un buen número de cosas con respecto a la tenencia de animales. El texto legal generó polémica en algunas cuestiones y levantó simpatías en otras. Por ejemplo, todo el mundo parece estar de acuerdo en que es bueno que se hayan endurecido las sanciones para aquellos propietarios de canes que no les tienen el correspondiente microchip, vamos, que no los tienen identificados. Esta práctica pasa a considerarse una falta grave y, por tanto, la sanción que conlleva va desde los 501 a los 5.000 euros, cuando antes de esta ley la cifra era muchísimo más baja. El temor a las nuevas multas ya lo están notando los veterinarios: se ha disparado la colocación de microchips. Lo dicen en las clínicas de animales y lo confirman las elocuentes cifras del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Pontevedra. No en vano, desde octubre del 2017 hasta mediados del actual mes de enero -la norma entró en vigor este mes, pero desde octubre ya estaba aprobaba- se pusieron un 45 % más de microchips a perros en la provincia que en el mismo período del año anterior.

Desde algunas clínicas hacían estadísticas ayer y comprobaban que, efectivamente, están poniendo el doble de microchips de lo que es habitual. Eso sí, también indicaban que posiblemente ese temor a las multas se vaya difuminando y que posiblemente queden todavía muchos canes sin la identificación. En el caso pontevedrés, según los datos aportados por las clínicas, colocar el dispositivo sale por unos 40 euros. Se incluye la alta en el registro autonómico y también el pasaporte necesario para que la mascota esté identificada.

Inquietud entre los cazadores por los nuevos requisitos para la venta de cachorros

Uno de los colectivos que más atento debería estar a la nueva ley de bienestar animal es el de los cazadores. No en vano, hay un buen número de cuestiones que les influyen. Ayer, responsables de sociedades de caza de la comarca de Pontevedra señalaban que son plenamente conscientes de esta cuestión y que en las reuniones de cazadores no deja de hablarse de los cambios. Por ejemplo, es habitual que quien sale a cazar tenga en su propiedad más de cinco canes. Si es así, la nueva ley obliga a comunicar a la Xunta que se tienen esos perros, que constituyen una especie de perrera. Hasta ahí, sin problema, porque el único requisito es comunicarlo, y la consellería no tiene que aprobar nada, basta con informar y punto. Lo que ya no convence tanto a los cazadores son los nuevos requisitos para vender un cachorro, algo bastante habitual entre los miembros del colectivo. Hay que pedir autorización a la Xunta para que esta reconozca al propietario del can que se vende que es un centro de cría. «Iso para a xente que vende moitos cans está ben, pero para todo o mundo é un pouco esaxerado», señalaba ayer el presidente de un Tecor pontevedrés.

Cambian las razas peligrosas

Más allá de los cazadores, otra de las cosas que advertían ayer los veterinarios es que con la nueva ley aumentó la lista de razas potencialmente peligrosas. De esta forma, entraron en ella los Bull Terrier, que hasta ahora no lo eran. Por tanto, sus dueños tienen que hacer los requisitos oportunos para darlos de alta como perros potencialmente peligrosos. En las propias clínicas están avisando ya a los clientes que tienen perros de esta raza para que sean conscientes de la norma, que actualiza otro texto legal que era del año 1993.

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