Los trabajadores consideran que la situación económica de la empresa no justifica unos recortes de semejante calibre. El comité argumenta, por ejemplo, que pese a que la dirección asegura que el 2013 concluyó con pérdidas preocupantes, indicadores como el Ebidta, que mide el estado puro del negocio, antes de impuestos y gastos financieros, señalaba unos beneficios de 1,5 millones de euros al cierre del ejercicio. Otra cosa es que se hayan realizado inversiones cuestionables y participaciones en segundas empresas, que, sospechan, se quieran hacer recaer sobre la contabilidad de la factoría de O Pousadoiro. Se trataría de aprovechar la reforma laboral, deducen, para recortar derechos y aumentar ganancias a su costa.
La plantilla subraya que sus retribuciones están congeladas desde el 2011 y afirma que los cálculos de la empresa no tienen en cuenta a los trabajadores que prestan sus servicios a través de ETT. En todo caso, sostienen que los miembros de la dirección sí perciben sueldos que superan en un 126 % lo que establece su convenio sectorial.
El reverso más duro del conflicto se traduce, en el caso del comité, en la exigencia de que el equipo directivo se marche como condición previa a la vuelta al trabajo. Los portavoces de la plantilla sienten que se les trata como a delincuentes y anuncian una querella por difamación, ya que niegan en redondo que en el 2005 se produjesen agresiones. Tampoco tienen constancia de que en esta ocasión haya existido un episodio como el que denuncia uno de los empleados que no secunda la huelga. Acusan al staff de haber sobreproducido en verano para generar un stock almacenado en Nigrán con el que servir a sus clientes y sortear los efectos del paro de forma irregular.