El agente revela a la jueza que cualquier persona ajena al cuerpo puede acceder a dependencias municipales en las que guardan los atestados
10 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Desde que hace un año dos agentes fueron detenidos y otros dos imputados en el caso de la desaparición de multas, el discurso oficial que emana del Concello de Vilagarcía se basa en la falta de diligencia de alguno de los encausados como explicación para el hecho de que varios atestados por alcoholemia no hubiesen continuado su tramitación. La declaración de un veterano policía local, delegado sindical para más señas, añadió ayer serios matices frente a esta línea de argumentación. Su testimonio ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1, que dirige las investigaciones, no solo apunta a la existencia de un absoluto descontrol sobre esta materia, que incluye gravísimos fallos de organización. Delata, además, que el origen de esta situación impactante se pierde en el tiempo. El testigo suma nada menos que 31 años de servicio a sus espaldas.
Para empezar, y con respecto al procedimiento a seguir en el caso de las alcoholemias, el agente explica que los instructores podían entregar su atestado en la oficina destinada a este cometido, introducirlo en una carpeta de color negro o entregárselo directamente al cabo. Sin embargo, dicha carpeta, que se hizo célebre a raíz de un informe que la propia jefa del cuerpo firmó en el 2007, «no era custodiada por nadie». Si este punto se antoja grave por sí mismo, el siguiente no resulta menos preocupante: «No había un registro de atestados», de forma que si sus autores no lo entregaban, «no era detectado por nadie».
El procedimiento, o la ausencia del mismo, cambió de un año a esta parte, coincidiendo con la detención de los dos agentes y el inicio de las investigaciones. Para empezar, el Concello decidió implantar entonces un nuevo programa informático. En el momento en que sucedieron los hechos que mantienen imputados a cuatro policías, la herramienta consistía en un «programa abierto al que podía acceder cualquiera». El testigo hace uso de la lógica para manifestar que, en su opinión, la modificación obedece al estallido de este caso. Ahora, cada miembro del cuerpo dispone de su propia clave y los atestados deben ser registrados en la aplicación mencionada.
La preocupante falta de un protocolo de seguridad en la custodia de documentos de especial sensibilidad empeora al describir el declarante lo que ocurre en el interior de las dependencias de la Policía Local. En el lugar en el que se deposita la carpeta negra suele haber siempre algún funcionario. No obstante, la misma organización de su trabajo provoca que, en determinados momentos, las oficinas municipales queden, directamente, vacías.
Así, cuando los agentes deben salir a la calle «hay dependencias en las que no hay nadie», de forma que cualquier persona ajena al cuerpo podría acceder a ellas. El agente considera perfectamente posible que en las oficinas que quedan vacías se guarden atestados y otro tipo de documentos, que por tanto quedarían al alcance de un virtual intruso. De hecho, reconoce, «personas ajenas a la Policía Local tienen aparecido en las dependencias vacías». Algo de lo que otros funcionarios advierten desde hace tiempo.
Sorprende, también, que el testigo afirme no haber tenido conocimiento de que se haya producido investigación interna alguna digna de tal nombre a raíz de la imputación de cuatro de sus compañeros. Volviendo a la famosa carpeta negra, le parece factible que «cualquiera pueda retirar un atestado de ella» ya que, en realidad, «nadie tiene un control directo sobre la misma».
El panorama que dibuja el testimonio del delegado sindical atribuye un mayor interés, si cabe, al requerimiento realizado por el juzgado número 1 a la jefa de la Policía Local. La funcionaria debe explicar, entre otras cuestiones, si el informe que ella misma elaboró en el 2007, y que recogía toda una serie de fallos sobre la custodia de los documentos, permanece en sus archivos.