Los profesionales temen que la pérdida de la exclusividad y la reforma de Gallardón acaben con un oficio que ocupa a 30 colegiados en la comarca
09 jul 2014 . Actualizado a las 06:58 h.La profesión del procurador está en peligro de extinción. Al menos eso es lo que creen los treinta colegiados que se dedican a la procura en la comarca, y que comparten preocupación con los 10.500 procuradores que hay en España. Dos son los motivos, y en los dos casos tienen que ver con anteproyectos de ley en los que trabaja el Gobierno. Está, por un lado, la Ley de Servicios y Colegios Profesionales que impulsa Montoro, y por otro, el controvertido proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Gallardón. El primero limita la exclusividad de las funciones que desempeñan; el segundo, les pone las cosas muy difíciles si finalmente se suprimen los juzgados para los que trabajan.
El anteproyecto del que se ocupa el equipo de Cristóbal Montoro no elimina la profesión del procurador, pero sí su exclusividad, de tal manera que cualquier profesional del Derecho, también los abogados, podrán ocuparse de estas funciones, algo que hasta ahora no estaba permitido porque se diferenciaba claramente entre la defensa del cliente -a cargo del abogado- y la representación del cliente -a cargo del procurador-. La reforma del ministro de Hacienda, que reduce de 80 a 38 las profesiones en las que es obligatorio colegiarse, abre las puertas a que también los abogados se ocupen de los trámites, notificaciones y demás funciones de las que se ocupaba el procurador.
Juzgados lejanos
Por otra parte está el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no se inmiscuye en las funciones de los procuradores, pero que les deja un escaso margen para el desarrollo de su profesión. Porque si finalmente, como está previsto, se eliminan los juzgados pequeños, a muchos profesionales no les compensará dedicarse a la procura, si para ello tienen que hacer muchos kilómetros diarios con la única misión de encargarse de llevar y traer papeles del despacho al juzgado, y viceversa.
En la provincia de Pontevedra hay 110 procuradores colegiados, y 30 trabajan en los juzgados de Vilagarcía y de Cambados -16 en los primeros y 14 en los segundos- y algunos ya han tirado la toalla. Otros no saben lo que les depara el futuro. «Si cierran los juzgados de aquí y hay que ir hasta Pontevedra, no me compensa», admitía ayer una procuradora de Vilagarcía.
En situación similar se encuentran los abogados que están empezando o los que tienen su clientela centralizada en el entorno de los juzgados que podrían desaparecer. «No sabemos si sobreviviremos, será muy difícil si se centraliza todo en Pontevedra. Una cosa son los grandes bufetes, y otra cosa es un letrado que trata de salir adelante solo en estos tiempos».
La situación para estos profesionales podría no ser tan grave si los actuales juzgados se mantienen para la tramitación de los oficios y únicamente se trasladan a las capitales de provincias los jueces, pero eso es una incógnita, porque del futuro de la Justicia no saben ni procuradores, ni abogados, ni funcionarios ni tan siquiera magistrados.
Todos ellos, junto con los 120.000 ciudadanos de a pie a los que antes o después también les van a afectar estos cambios, están convocados hoy a una concentración en Cambados en protesta por la reforma de Gallardón. Será a las 20.30 horas delante de la casa consistorial. La semana próxima la habrá en Vilagarcía.