La intervención del concejal de Cultura de Vilagarcía, Francisco González, a la hora de defender su reglamento de uso de las instalaciones municipales un día después de su convulsa aprobación, cosechó ayer contundentes críticas desde la oposición. Concretamente, por parte de las portavoces de PSOE, Tania García, y BNG, María Villaronga, que censuraron no solo el carácter agresivo, rayando el «menosprezo» hacia el resto de formaciones políticas y el público asistente a la sesión que encuentran en el edil popular, sino también la falta de consenso con la que el documento, insisten, ha sido alumbrado. Ambas formaciones se ofrecen a las asociaciones vecinales para buscar, en el período de alegaciones, la normativa dialogada que el bipartito conservador no ha sido capaz de articular.
Los socialistas afirman no entender a un gobierno que ignora a los colectivos sociales cuando estos quieren intervenir en la vida municipal. El PSOE considera totalmente «desafortunado» que González «tente menosprezar» la disposición de asociaciones «que só defenden o que entenden correcto» y ven «desalentador» que el propio edil se reconociese «incapaz para consultar a cen colectivos» y le instan a reconocer con qué entidades «mantivo ese contacto previo que asegura ter celebrado». En definitiva, García anuncia la puesta en marcha de una serie de reuniones con los colectivos para contribuir a la confección de un reglamento verdaderamente consensuado.
No menos sorprendidos por la actuación de González se mostraron los integrantes del grupo nacionalista. Sus tres ediles, María Villaronga, Xabier Ríos y Helena Mariño, comparecieron para anunciar la interposición de alegaciones en las que tratarán de reflejar el criterio de usuarios y asociaciones de vecinos.
Villaronga se empleó a fondo demostrando que, lejos de lo que afirmó el concejal, él mismo introdujo propuestas del BNG en la última versión del documento. Argumentó con diferentes artículos la «enorme ambigüidade» que encuentra en su redacción y que, asegura, podría llevar a Ravella a cobrar a las entidades sociales. Y reclamó dos cuestiones básicas: «A concreción de que só as empresas privadas con ánimo de lucro terán que pagar» y la gratuidad de los locales de ensayo. Por lo demás, la portavoz reveló que el PP había facilitado el texto final a la oposición el domingo, a las dos y media de la madrugada. Curioso momento, reflexionó la portavoz, calculando que el pleno se celebraba el lunes.