La empresa cántabra asegura que respeta «punto por punto» las bases
17 nov 2012 . Actualizado a las 13:30 h.Las trabajadoras de Alfageme llevaban tres años soñando con regresar a sus puestos en la industria conservera. La mitad de ese tiempo confiando su futuro a una oferta que el conselleiro de Industria, Javier Guerra, y el grupo cántabro Consorcio firmaron en marzo del año 2011. Sus expectativas se han visto frustradas, puesto que, a día de hoy, y a expensas de lo que suceda en la subasta, no tienen garantía alguna de que las fábricas de Ribadumia y Vilaxoán vuelvan a trabajar. El Igape dejaba anteayer desierto el concurso que había abierto para la adjudicación de las plantas. Ninguna de las tres empresas que se presentaron cumplían las condiciones del concurso, ni siquiera el Consorcio.
La empresa de Santoña aseguraba ayer en un comunicado que su oferta «cumple punto por punto» las bases establecidas por el Igape», y advertía que este punto quedará perfectamente claro «en la instancia oportuna». En ese mismo escrito recordaba que el Consorcio y la consellería habían llegado en marzo del 2011 a un acuerdo que la compañía «ha cumplido escrupulosamente». Por último, el escrito asegura no tener dudas de «que tan alta instancia como la Xunta de Galicia hará honor a sus compromisos». La firma hizo público también el documento presentado al Igape con las condiciones de su oferta. La lectura de ese escrito desvela que, si bien el grupo Consorcio cumple muchas de las condiciones exigidas, no se ajusta a las bases del concurso en al menos dos de sus cláusulas. Lo más claro es que, mientras en el concurso se establece que la adjudicataria debe garantizar el mantenimiento de la actividad durante diez años, y solo podrá cesar a partir del quinto año de acuerdo con el Igape, el Consorcio ofrece solo garantías de que mantendrá las fábricas abiertas cinco años y, sobre todo, se atribuye en exclusiva la decisión de vender -pagando determinadas cantidades al Igape, eso sí- a partir de esa fecha tanto las fábricas como la marca.
En cuanto a la penalización por incumplimiento, en el DOG del 13 de septiembre, en el que se publicaba la oferta, se recogía que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones supondría una penalización de 4.780.000 euros, cantidad equivalente a la tasación actual de los bienes. Sin embargo, la empresa solo se compromete a devolver la marca Miau, y no las fábricas. Tampoco garantiza claramente que mantendrá un capital socia mínimo de dos millones de euros, como requiere el Igape.