Hace algunos meses, el Concello de A Illa planteaba ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un recurso contencioso contencioso administrativo contra el Plan de Ordenación do Litoral de la Xunta. Después de que este fuese admitido a trámite, el organismo local tenía que plantear sus argumentaciones ante el alto tribunal. Ayer mismo fue entregada esa demanda.
El Concello isleño reclama la nulidad del Plan do Litoral, porque considera que vulnera la autonomía local, puesto que interfiere con competencias que el organismo municipal considera que le corresponderían. Otra de las argumentaciones de esa demanda es que el POL carece del preceptivo estudio de sostenibilidad económica.
Y, sobre todo, que de los 64 ámbitos o áreas de reparto que se preveían en el plan de ordenación municipal y que todavía no se han desarrollado, afecta a 51. Bajo la óptica del organismo local, esto significa que se recortan los derechos adquiridos por los propietarios en el plan urbanístico que se aprobó el 14 de febrero del año 2002. «Esas posibles indemnizacións por recorte de dereitos non se recollen en ningún documento», argumentan desde el Concello.
Menos hectáreas
A Illa había presentado en su día alegaciones contra el Plan do Litoral de la Xunta, pero ninguna de ellas fue aprobada. De ahí que decidiese apurar la vía legal para intentar tumbar ese documento. El Concello, gobernado por el socialista Manuel Vázquez, se quejaba de que de 108 hectáreas urbanizables que prevé el plan urbanístico, se reducirían a 32, circunstancia que, en la práctica, imposibilitaría hacer un planeamiento urbanístico.
Según los datos que manejaba el Concello isleño, el documento que aprobó la Xunta afecta al 83% del suelo urbano no consolidado que se recogía en el plan urbanístico. Prácticamente toda la parte sur del municipio, la que está a la izquierda del puente que lo comunica con la Península, se veta a la construcción con esta norma. Y solo podrían desarrollarse en el futuro una parte muy pequeña de las áreas de reparto que quedan pendientes de ejecución.
A Illa, que siempre ansió y reclamó su singularidad, entra ahora en una nueva batalla por preservar sus planteamientos urbanísticos que -asegura el Concello- son ya bastante restrictivos.