El Juzgado de lo Social de Pontevedra prepara una nueva subasta de una propiedad de los Charlines para saldar la deuda de casi 300.000 euros que se mantiene con las trabajadora de Charpo desde hace quince años, cuando se cerró la empresa.
La plantilla, formada por setenta mujeres, ya cobró parte de esa deuda hace años, cuando se subastaron en Pontevedra dos fincas que adquirió, precisamente, una de las hijas del patriarca, lo que permitió, por una parte, que la familia recuperase parte de su patrimonio, y por otra, que las fuerzas del orden pusieran en marcha la operación Repesca para inculpar de nuevo a la familia en un nuevo expediente de blanqueo de dinero.
Pero todavía les deben cerca de 300.000 euros. Ayer, una representación de las mujeres se trasladó a Pontevedra a una reunión con los responsables del juzgado. En ese encuentro se les informó de que ya hay algo más de 200.000 euros reservados para esos pagos, pero todavía queda otra cantidad que se espera conseguir con la subasta de un local embargado a los Charlines en Madrid, cuya puja espera celebrarse en breve en Pontevedra.
Otros acreedores
En ese encuentro las trabajadoras también solicitaron tener información sobre los otros acreedores de los Charlines, porque como dijo ayer una portavoz del colectivo, «siempre nos están diciendo que no somos las únicas que esperan para cobrar, pero no sabemos quiénes son los demás».