Hasta cuatro vías están siendo barajadas desde la Diputación para hacer frente a la situación. Mosquera, portavoz del BNG, celebró ayer que se estudien estas vías ya que, según dijo, la primera intención del PP era «tirar para diante». Un debate el martes en el Ipespo contribuyó a moderar las reacciones.
primera
Recurrir al Supremo. Una eventual decisión de este tipo permitiría seguir dando licencias. Pero si el Supremo ratificase la sentencia del Tribunal Superior, las indemnizaciones podrían ser mayores al haber más firmas en el polígono. Existe además el problema del criterio restrictivo del Supremo a admitir casaciones. La decisión debe adoptarse en un plazo máximo de diez días.
segunda
Plan sectorial. Se trataría de tramitar desde la Xunta un plan sectorial de incidencia supramunicipal para Barro y Meis como el de Monte Carrasco. Presenta el problema de que a los tribunales no les gusta que se enmienden sus sentencias por esta vía.
tercera
Tramitar de nuevo la sectorización. Se cree que puede hacerse en un plazo de seis a ocho meses. Se subsanarían los problemas del agua y saneamiento una vez adjudicada la traída y licitada la depuración de residuales.
cuarta
Sanar el expediente. Se trataría de sanar el expediente de aprobación de la sectorización en lo que afecta a las advertencias del informe de la Xunta (saneamiento y agua). Luego se volvería a aprobar el expediente. Pendiente aún de estudio jurídico.