No pretendo, en breves líneas, analizar la gestión de José Luís Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de la Nación, porque no somos los coetáneos los más objetivos e imparciales historiadores del presidente, y porque aún no ha terminado su labor. Pero creo que no me equivoco al asegurar que, durante sus mandatos, se dieron pasos decididos e irrevocables, mal que les pese a algunos, en el desarrollo de derechos previstos en la Constitución que nos hacen más libres e iguales, y en la consolidación y ampliación de las políticas sociales. Me voy a referir, entonces, a la incómoda situación creada, a nivel de partido, por el interés de algunos barones en que el presidente anunciara que no volvería a ser candidato en las elecciones generales del 2012 antes de la celebración de las autonómicas y locales del próximo 22 de mayo. Con esta actitud, estos compañeros, alcaldes de grandes ciudades y presidentes de comunidades autónomas, han pasado de ser, en pocos años, los primeros en resultar favorecidos por el efecto Zapatero, a considerarse perjudicados por el defecto Zapatero.
En mi opinión, tal actitud egoísta y poco solidaria es, además, radicalmente errónea, porque no solo Zapatero sigue siendo el mayor activo del socialismo español, sino que, además, digan lo que digan las encuestas y los foros mediáticos de la derecha más reaccionaria, los ciudadanos comprenden que el presidente hizo lo que debía para que nuestro país no sufriera las consecuencias de Grecia, Irlanda o Portugal, y que si el PP hubiese tenido responsabilidades de gobierno en una situación como la actual, originada, no lo olvidemos, por la temeridad del sector financiero, las medidas que hubiese adoptado atentarían contra el Estado del Bienestar, reduciendo drásticamente el gasto destinado a educación, sanidad, dependencia, pensiones o empleo público, como está sucediendo en la Inglaterra del admirado, por Mariano Rajoy, primer ministro Cameron.
Que no miren para otra parte los barones
Así que, los ciudadanos, que son sabios y ponen y quitan señor, juzgarán en las urnas a cada candidato por su valía, sus errores y aciertos, su capacidad de gestión o su cercanía con la sociedad, por las medidas tomadas, dentro de sus competencias, para resolver sus problemas. En definitiva, por su trabajo en el desempeño de las funciones de su cargo. Que no miren para otra parte ni busquen culpables si los resultados no les favorecen. Que no transformen el efecto en defecto si no han sido capaces de convencer a los votantes de la bondad de su gestión, porque de ella son ellos, y sólo ellos, los únicos responsables.