Puesto que las críticas a los gobiernos municipales siempre son numerosas y frecuentes, a veces con razón y otras sin ella, me atrevo en estas líneas a hablar de la oposición, que, aunque no lo parezca, también tiene responsabilidad en las decisiones que se toman en un ayuntamiento, sobre todo cuando representa a la mayoría de la corporación.
Así que me pregunto y les pregunto: ¿No parece escandaloso que los grupos políticos que ejercen la oposición en un ayuntamiento se enteren de las decisiones del gobierno a través de los medios de comunicación? ¿No creen que su derecho y obligación de fiscalizar las decisiones del gobierno y su compromiso de defender los intereses municipales les exige, cuando menos, una dedicación al cargo que ocupan por el que, por cierto, cobran asignaciones de grupo e indemnizaciones personales? ¿No resulta esperpéntico que tengan que ser los ciudadanos y los profesionales de los medios los que, en primer lugar, conozcan de esas decisiones y las cuestionen? ¿A qué dedican el tiempo al que, por ley, tienen derecho los concejales de la oposición para realizar sus funciones si no se enteran de nada? Y cuando se enteran de ellas por los medios antes indicados, en vez de gimotear o mostrarse sorprendidos, ¿por qué no entonan el mea culpa por su inoperancia e ineptitud? ¿No resulta kafkiano que algunos lleguen a pedir, incluso, que sean los ciudadanos los que realicen esa labor de fiscalización a que están obligados, renunciando al ejercicio de sus funciones?
Pues bien, a esta oposición fantasma, que defiende el «cuanto peor, mejor», como si ello no perjudicara a Vilagarcía y a sus vecinos; que practica el insulto y la descalificación como argumento habitual, y que no arrima el hombro ni cuando la ciudad lo necesita, les hago llegar mi proposición más que decente: Que se marchen, que dimitan también, que no vuelvan, que dejen paso a quienes quieran trabajar por los intereses municipales, y que reintegren el dinero cobrado por un trabajo que no han hecho.