Las liortas sindicales desvelan la necesidad de que los concellos cambien el derroche por las políticas económicas eficientes
19 dic 2010 . Actualizado a las 02:00 h.De los diferentes niveles en los que se materializa la soberanía popular, fundamento del Estado democrático contemporáneo, la municipal es la más cercana al ciudadano. En las distancias cortas es donde la colonia del buen candidato se la juega, parafraseando el lúcido contenido de aquel anuncio que ensalzaba un conocido perfume masculino de recio y contundente aroma. Tan cercana aflora la gestión de las cuestiones locales que a menudo se olvida el hecho de que su piedra angular se encuentra muy lejos de las casas consistoriales.
Las fuentes de financiación propias de los ayuntamientos son muy escasas, limitación que empeora hasta extremos difícilmente sostenibles cuando los intereses electorales interfieren con la necesidad de implantar tributos que permitan a los concellos sufragar los muchos servicios que prestan. Veamos un ejemplo. Hace cosa de doce años, centenares de contenedores de basura se acumulaban en los sótanos de un pabellón ubicado en un determinado municipio arousano. Aquel Concello carecía de cualquier sistema de recogida de residuos, y un alcalde amigo se ofreció a compartir su vehículo de recogida para buscar así una forma común y menos costosa de solucionar el problema. La respuesta de su homólogo, tan excelente persona como discutible gestor, es absolutamente reveladora: para aceptar el ofrecimiento, el hombre no tendría más remedio que comenzar a cobrar el recibo de la basura a sus vecinos, cuestión que, presumía el azorado regidor, no se tomarían nada bien y podría desembocar en una gravosa factura a pasar en las urnas. Conclusión: muchas gracias, pero mejor lo dejamos estar.
En resumidas cuentas, el entramado municipal en un territorio como el gallego, privado de grandes urbes, depende para su funcionamiento de las transferencias que cada año ponen en sus manos las Administraciones central y autonómica, muchas veces insuficientes. Es aquí, en la atomización suicida tan propia del carácter galaico, donde las diputaciones encuentran su hábitat natural y la única justificación presentable para defender su supervivencia: apuntalar con subvenciones de todo tipo los endebles ayuntamientos, incapaces de sobrevivir económicamente por sí mismos.
Una dependencia de dos filos
La dependencia crónica de los concellos es una hoja de doble filo. Por un lado, mantiene a los alcaldes en atadura perpetua con respecto a los designios de instituciones superiores, que frecuentemente descargan sobre ellos la cobertura de necesidades ciudadanas básicas sin ofrecerles, al mismo tiempo, los mecanismos necesarios para sufragarla. Pero por otra les confiere también una cierta despreocupación acerca de los dispendios que asumen cada año bajo un principio insoslayable: cuesta mucho menos gastar lo que no se recauda en persona que los dineros cuya responsabilidad le compete a uno desde el principio hasta el final. Es un penoso círculo vicioso y viciado. Sin apenas recursos propios de los que responder, acostumbrados a que vengan otros, tanto a imponerles trabajos y fatigas como a sacarles las castañas del fuego si las cosas se ponen difíciles, será complicado convencer a nuestros munícipes de que la fiesta de contrataciones con reembolso electoral incluido, encargos externos masivos, asesorías variopintas, programaciones disparatadas y demás embajadas que rebasan las posibilidades reales de los pueblos que gobiernan ha llegado a su final.
Este mal no solo afecta a las cúpulas políticas de los aparatos municipales. Por desgracia, se extiende como una plaga a los más variados ámbitos de la gestión local. En Vilagarcía contamos con un ejemplo reciente, pero la enfermedad puede ilustrarse con igual fortuna en cualquier otro municipio del país. Las prácticas laborales de riesgo arrancaron hace muchos años y sus efectos acumulados desembocan ahora en un callejón sin salida: o la corporación modifica su capítulo de personal o una cascada de reclamaciones judiciales de los 116 trabajadores eventuales que cobran menos que sus compañeros indefinidos por el desarrollo de las mismas funciones puede pasar a Ravella una factura superior a los dos millones de euros a la vuelta de cinco años. De suceder, 700.000 euros de este lote corresponderán a los gastos derivados de la estrategia emprendida por UGT, consistente en acudir por sistema a los tribunales en lugar de negociar sobre un convenio que el propio sindicato contribuyó a alumbrar en su día. Habrá que pedir todas las cuentas precisas a quienes han generado esta situación y compensar a los afectados. Pero también pensar en la forma menos gravosa de hacerlo. Porque este dinero, por si algunos todavía no se han enterado, nos sale a todos del bolsillo.