La familia de la niña de Catoira que podrá seguir en su colegio pese a su discapacidad anima a denunciar casos similares
12 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Mónica Sumay lo advertía ayer: «Las familias no sufrimos por tener hijos con diversidad funcional, sufrimos por la discriminación que supone». Por eso la madre de Alejandra, que lleva año y medio luchando para que se le reconozca a su hija el derecho a seguir escolarizada en el colegio en el que estudió toda su vida, estaba ayer feliz. Porque la justicia le dio la razón, y con ella, restableció los derechos de su hija que vienen ya plasmados en la convención de la ONU que reconoce el carácter universal de la educación inclusiva al margen de la condición física o psíquica, la raza o su inclinación sexual de la persona.
Alejandra, que ahora tiene 16 años, padece una discapacidad física y psíquica que no le impidió escolarizarse en el colegio público de Catoira, donde estudian también sus hermanos y sus amigos. Pero a principios del pasado curso, a su madre le llegó una orden de los anteriores responsables de la Consellería de Educación que decía que la niña debería escolarizarse, a partir de entonces, en el centro de educación especial de Vilagarcía. La familia no solo se opuso sino que llevó su lucha a los juzgados, y ahora una sentencia acaba de darle la razón.
Dos casos en Galicia
Su madre, Mónica Sumay, no solo está satisfecha por su caso particular, sino porque a su entender, esta sentencia, junto con otra similar que afecta a un niño autista de Vigo, son un acicate para que cualquier familia que se encuentre en un problema similar se anime a denunciarlo y a luchar por sus derechos. «Que no se dejen avasallar, que luchen, porque quien lucha, gana».
Mónica nunca estuvo sola en esta lucha. Contó en todo momento con la ayuda de la asociación VIgalicia (Asistencia persoal para a vida independente). Una de sus representantes, Anxela López, recordó que estas dos recientes sentencias son las primeras en España que fallan a favor de los demandantes, lo que demuestra que «temos leis que nos amparan». Pero Anxela quiso también hacer una denuncia, ya que se pregunta por qué teniendo en cuenta que las leyes reconocen estos derechos desde el año 1982, cómo es posible que tanto en la administración como en los colegios haya personas que todavía no los apliquen. «A misión da educación é que todo o alumnado sexa capaz de coñecer e aprender a respetar as diferenzas das persoas, e a ser consciente de que todo o mundo é igual. ¿Que pasa ante esa incapacidade para transmitir eses valores?», se pregunta.
Alejandra nunca dejó su colegio de Catoira, porque en su día, una resolución cautelar lo permitió a la espera de que se dictara sentencia. Ahora no solo se le reconoce ese derecho, sino que se le permitirá seguir varios años más en el centro.