Los datos de Fomento no concuerdan con la opinión de Olaia Fernández Davila. La diputada nacionalista cree que hay distinto tratamiento en los accesos de la AP-9 que dependen de la concesionaria y en las prolongaciones a cargo de los ayuntamientos. En su opinión, la vía presenta numerosas deficiencias pese a que recibe «cuantiosas ayudas públicas» y a que Audasa «obtiene pingües beneficios: nada menos que 56,7 millones de euros netos en el 2007 sobre una facturación de 152,87 millones». «Entre estas deficiencias que inciden en una menor seguridad vial -dice- está la falta de iluminación». Davila denunció en su pregunta parlamentaria que los accesos y salidas de la AP-9 tienen «escasa» iluminación. «En determinadas horas de la noche solo se mantienen iluminados algunos puntos del recorrido, eso sí, por requerimiento del Ministerio de Fomento, como es el caso del puente de Rande». A este respecto, destaca el contraste con la situación en los accesos y prolongaciones que dependen de los ayuntamientos y «que mantienen la iluminación toda la noche». Según la diputada, la «deliberada política de Audasa «incumple» claramente la ley 8/1972 de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. Este texto señala que la continuidad en la prestación del servicio obligará especialmente a facilitarlo en condiciones de absoluta normalidad, «suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de la vía».